El Gobierno publicará los nombres de los dueños de los geriátricos 'piratas' sancionados

El Gobierno regional publicará los nombres de los dueños de geriátricos piratas y otros centros de atención social (de menores, discapacitados...) que sean sancionados por infracciones muy graves, tales como trabajar sin autorización administrativa. La publicación, en el Boletín Oficial de la Comunidad o en medios de comunicación, busca un fin 'ejemplarizante'. Además, esos empresarios tendrán prohibido abrir más centros. Éstas son algunas de las medidas previstas en la nueva Ley de Mejora de los Servicios Sociales aprobada ayer por el Consejo de Gobierno.

Francisco Panadero, secretario general técnico de la Consejería de Servicios Sociales, explica: 'Hasta ahora no se divulgaban nunca los nombres de los empresarios autores de infracciones muy graves, sólo el del centro, y tampoco se detallaban los motivos de la sanción. Las multas se hacían públicas de forma general, indicando sólo que había vulnerado tal o cual artículo de la normativa. Pero a partir de que la nueva ley entre en vigor, cuando la sanción administrativa sea firme, podremos publicar esos nombres. Es evidente que la medida tiene un fin ejemplarizante'.

Las sanciones contempladas en esta nueva norma, dirigida tanto a centros públicos como privados, son más duras que las que se aplicaban hasta ahora, basadas en una ley de 1990. La cuantía de las multas se duplica para las infracciones leves y graves, y va de los 6.000 a los 30.000 euros. En las infracciones muy graves, la sanción se mantiene como hasta ahora, en 600.000 euros, pero se añade la prohibición de abrir nuevos centros y la posibilidad de que la Comunidad publique los nombres de los dueños.

'Con la prohibición de abrir nuevos centros para los autores de infracciones muy graves, lo que queremos es acabar con la picaresca actual, en la que personas sancionadas por tener una residencia pirata de ancianos en un chalé, la vuelven a abrir en la casa de enfrente después de que se la cerramos', matiza Panadero.

Entre las infracciones muy graves, castigadas con multas de 30.001 a 600.000 euros, está la apertura de centros pirata (sin autorización administrativa), la reincidencia en infracciones graves o su mera comisión si suponen un daño irreparable para el usuario, así como el mantenimiento de la actividad que se obliga a suspender.

Igualmente, tiene la consideración de faltas muy graves impedir la acción de los inspectores, carecer de personal suficiente, manejar sin transparencia los fondos y bienes de los usuarios y desarrollar prácticas lucrativas en estos establecimientos.

Se considera una infracción grave, sancionada con multas de 6.001 a 30.000 euros, exceder en 10 plazas la capacidad autorizada para el centro, dificultar a los usuarios el disfrute de sus derechos, no respetar la confidencialidad de sus datos y descuidar la atención a sus necesidades básicas.

Las infracciones leves consisten en incumplimientos de menor relevancia. Los castigos van desde la amonestación hasta la multa de 6.000 euros.

Decálogo de derechos

La nueva ley, que debe ser remitida ahora al Consejo Económico y Social (CES) -formado por sindicatos, patronal y expertos-, desarrolla también un decálogo de derechos y deberes de los usuarios de centros y servicios de atención social. Entre ellos se incluyen geriátricos, residencias y pisos de menores desamparados, dispositivos de atención a discapacitados y prestaciones como la ayuda domiciliaria y la teleasistencia.

Según la norma, los usuarios tienen derecho a acceder a estos servicios sin discriminación por sexo, raza, religión o ideología; a seguir un programa individualizado de atención; a la máxima intimidad y a la protección de sus datos personales; a asociarse para defender sus derechos; a conocer el precio de los servicios; a recibir visitas y a presentar reclamaciones y sugerencias.

Entre sus deberes está pagar los servicios (algo que podrá hacer también con su patrimonio), cumplir las normas y facilitar la información necesaria para valorar sus circunstancias.

La ley obliga a la Comunidad a inspeccionar los centros periódicamente y siempre que haya una denuncia (informando del resultado del examen al interesado). La visita de los inspectores será anual.