Por una justa financiación para la reforma judicial

El Pacto de Estado por la Justicia es un compromiso adquirido por el Gobierno y el PSOE para afrontar la modernización de la Administración de Justicia en España. Como consejera de Justicia y Administración Pública me gustaría poner de relieve el esfuerzo de Andalucía por la consecución de este compromiso para la mejora de la Justicia.

Las comunidades autónomas que tenemos competencias en esta materia suscribimos también un Pacto con el Gobierno para completar, mejorar y desarrollar estas complejas competencias. En este sentido, la Junta de Andalucía está cumpliendo la parte que le corresponde en este compromiso. Ello se manifiesta claramente en los presupuestos que hemos aprobado para el presente año, donde las partidas destinadas a la Justicia crecen el doble de la media de las cuentas andaluzas para 2002.

Pero todo el peso de ese compromiso no puede recaer únicamente a las espaldas de la Junta de Andalucía. Máxime cuando nuestra Comunidad Autónoma, por sus dimensiones y número de habitantes, con una planta judicial compuesta por más de 500 órganos, es la más extensa de España e incluso mayor que la de algún país europeo.

Todos los gobiernos autonómicos con competencias en materia de Justicia hemos solicitado de forma unánime al Ministerio de Justicia una valoración del coste global de la reforma, con el objetivo de impulsar un acuerdo para su correcta financiación en los plazos que se determinen, siempre entendiendo este compromiso como algo compartido por el principio de corresponsabilidad de ambas administraciones en el ámbito judicial.

Esta reivindicación fue uno de los acuerdos alcanzados en la última reunión de la Comisión de Coordinación de Justicia de las Comunidades Autónomas, que abogó por la creación de un grupo de trabajo para analizar específicamente cuánto cuesta la reforma judicial y qué parte va a financiar cada administración. Esta iniciativa la hemos emprendido después de constatar la falta de respuesta del Gobierno central en este sentido, incumpliendo el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial celebrada en mayo del año pasado.

El objetivo no es otro que el evitar que ocurra lo mismo que con la entrada en vigor de las nuevas leyes de Enjuiciamiento Civil y de Responsabilidad Penal del Menor, en las que el Gobierno central se desentendió por completo de su financiación y las comunidades autónomas tuvieron que asumir en solitario su coste. Por ello vamos a exigir al Gobierno que cada vez que se vaya a aprobar una ley que incida en las competencias de las comunidades autónomas, elabore una memoria económica en la que se refleje claramente su coste y la forma de financiación, para su incorporación en la tramitación parlamentaria. Así los hemos solicitado recientemente con el anteproyecto de Ley Consursal.

Desde Andalucía mostramos también nuestro total respaldo a la aprobación de la futura Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia, aunque al mismo tiempo expresamos nuestra preocupación por el importante incremento del gasto que su entrada en vigor puede suponer para las comunidades autónomas, con la asunción de nuevas responsabilidades de gestión, tanto en medios materiales como personales.

En el camino de la correcta financiación del Pacto por la Justicia no quisiera obviar una reclamación del Gobierno andaluz que, a buen seguro, contribuirá a mejorar los recursos económicos de las comunidades autónomas: la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales y sus correspondientes rendimientos. Esta iniciativa de la Junta ha sido respaldada por todas las comunidades, incluidas las gobernadas por el PP, y en la actualidad se está dilucidando en el Tribunal Constitucional. Sinceramente, creo que el Ministerio debería alcanzar un acuerdo en esta materia y traspasar su gestión a las comunidades que, como responsables de la dotación de medios a la Administración de Justicia, veríamos incrementados nuestros recursos económicos para mejorar la Justicia en nuestros respectivos territorios.

Por todo lo expuesto, creo que es justo exigir al Gobierno central voluntad y lealtad institucional para acordar una justa y correcta financiación de la reforma judicial que auspicia el Pacto, además de dotar de más medios y competencias a Andalucía y al resto de comunidades con competencias en Justicia. Sólo así se podrá hablar de un verdadero Pacto por la Justicia.

Carmen Hermosín Bono es consejera de Justicia