La autoridad municipal

Me decía un amigo que en el pleno municipal que sucedió al asesinato del concejal socialista Juan Priede en Orio apenas estuvieron vecinos que no fueran de los radicales. Al día siguiente, durante la concentración, si que hubo una nutrida presencia de vecinos. Allí casi todo el mundo se lamentaba de la situación, de la maldad de los asesinos, de la bondad del asesinado, pero pocas declaraciones iban hacia la reflexión política, posiblemente porque todos podrían sentirse responsables de la situación que padecemos.

No es para extrañarse que por miedo a ETA la gente normal no quiera hacerse ver, por indignada que esté. Pero también, puede ser, además, por no enfrentarse a unos concejales, los que en su día eran de EH y hoy de Batasuna, constituidos en autoridad municipal por delegación de la alcaldesa del PNV. Porque esos concejales que no sólo no condenan los asesinatos, que por el contrario los justifican, que son brazo político de los ejecutores, que ya es para tenerles miedo, son además, por obra y gracia del PNV, autoridad del poder local constituido como miembros de la comisión de gobierno. Como para que tal vecino fuera al día siguiente del pleno a pedirles una licencia de obra por muy menor que ésta fuese.

En Euskadi hay muchos ayuntamientos en esa situación, y otros muchos cuyo alcalde es de Batasuna, aunque sólo tenga votos para ser la minoría mayoritaria, por el apoyo que le conceden los partidos que conforman el actual Gobierno vasco. Concretamente, el de Mondragón lo es por el apoyo de IU. Resulta espeluznante que se consienta esta situación por muy acostumbrados que estemos.

Así, pues, no sólo los concejales constitucionalistas padecen el terror de ETA, a la vez, PNV, EA e IU, erigen a sus partidarios en autoridad municipal multiplicando la acción del miedo, su influencia y su dominación. No es un sinsentido la acusación al nacionalismo político y a IU de ser responsables de la situación de miedo y acoso que sufre gran parte de la sociedad vasca, incluidos muchos de sus electores. Se quejarán de que se les criminaliza, pero tendrían que mirar a los ayuntamientos y ver a quiénes han apoyado y a quiénes han dejado a los pies de los caballos.

Posiblemente, si las fuerzas políticas democráticas hubiesen aislado a Batasuna, y no la hubiesen premiado, no sería tan necesaria la legislación para dejarla fuera de la legalidad, pero es evidente que esto no ha sido así. Por el contrario, en Zumárraga un grupo mayoritario como el socialista no alcanzó ninguna responsabilidad de gobierno municipal, por obra de las fuerzas aliadas en Estella, y fue barrido del consistorio. Los aislados fueron los socialistas, que además tenían que padecer el acoso terrorista. Vemos que el terror se prolonga por el comportamiento político de los partidos nacionalistas, más IU, sensibles ante la ilegalización de Batasuna pero no tanto con la situación de los concejales constitucionalistas, aunque después acudan a sus funerales y lleven la pancarta.

Una sociedad en la que el terrorismo está presente acaba profundamente confundida y perturbada. En general, se pasa del rechazo en un momento a decir que hay que negociar y ofrecer salidas políticas. Cuando el terrorismo se convierte en una enfermedad endémica siempre hay formaciones políticas legales que tratan de sacar provecho propio de su existencia y, aunque declaren el rechazo, no dejarán de criticar las operaciones policiales, judiciales e, incluso, las legislativas. No cabe duda que las que hoy conforman el Gobierno vasco, PNV, EA, e IU serían electoralmente las más beneficiadas por la ilegalización de Batasuna, pero, precisamente por serlo, y para llenar a tope el cesto de los votos, son las que se declaran contrarias a su ilegalización.

Por razones evidentes, por razones que facilitarían una situación democrática en Euskadi, el PP y el PSOE aprueban la medida de ilegalización, aunque no se les haya escapado que electoralmente supondrá el reforzamiento especialmente de la coalición PNV-EA. Pero, los principios son los principios, el terror no se puede prolongar a través de brazos políticos o colaboraciones políticas, directas o indirectas, y no es de recibo consentir que el terror se prolongue en la autoridad constituida por muy reducido ámbito local que éste sea.