Las multas a empresas por la falta de medidas de seguridad laboral crecieron un 6% en 2001

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social impuso sanciones a las empresas valencianas por valor de 8,44 millones de euros por infracciones en materia de seguridad y salud laboral en 2001, un 6% más que en 2000, según datos aportados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Los inspectores paralizaron 384 trabajos, la mayoría en la construcción, por riesgo grave de accidente. En 2001, la Comunidad, con 106.856 bajas por accidentes laborales, lideró junto con Andalucía, Madrid y Cataluña el bloque de autonomías con mayor número de siniestros.

Los accidentes laborales continúan con su imparable ascenso en la Comunidad: los datos de 2001 duplican los accidentes de 1996, fecha en la que entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La seguridad y salud laboral se ha convertido en el principal caballo de batalla de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Durante la campaña de 2001, los inspectores paralizaron 384 trabajos por riesgo grave de accidente, la mayoría en el sector de la construcción. Esta cifra es inferior a la del año precedente, periodo en el que fueron paralizadas 440, un 12% más que en 2001. Un dato a destacar es el ascenso experimentado en el número de empleados afectados por falta de medidas de seguridad, que pasó de 32.283 trabajadores en 2000 a 33.252 en 2001, según arroja el balance de la Inspección en esta materia.

En 2001, los inspectores realizaron 32.324 actuaciones en materia de seguridad y salud laboral, una de las áreas 'prioritarias' de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Como resultado de estas actuaciones, los inspectores levantaron 4.006 actas por infracción, un 6,4% más que en el año anterior con 3.765 en 2000.

Los inspectores de trabajo realizaron 210 propuestas de recargo en las prestaciones derivadas de accidente por incumplimiento de las medidas de seguridad. Esta cifra representa un aumento de 87,5% con respecto a 2000, año en que se impusieron 112 propuestas de recargo.

Los índices de siniestralidad laboral en la Comunidad Valenciana continúan creciendo. De acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo recabados de enero a noviembre del pasado año, la Comunidad, con 106.856 bajas por accidente en el trabajo, lideró junto con Andalucía, Madrid y Cataluña el bloque de autonomías que registraron mayor número de siniestros. No obstante, pese a los datos negativos, la valenciana logró reducir mínimamente las cifras con respecto al mismo periodo del año precedente.

Los datos del Ministerio de Trabajo son concluyentes. Con apenas 2.262 bajas laborales menos de enero a noviembre de 2001 con respecto a las cifras del mismo periodo del año anterior, la Comunidad sigue encabezando la lista de regiones donde los trabajadores sufren más accidentes. La nota positiva, en cambio, es que por vez primera el número de sucesos es menor al año anterior, circunstancia que no se repite desde 1992. En ese año, las bajas laborales por accidente disminuyeron en 7.345, siempre según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo.

A partir de 1993, la gráfica de los accidentes ha seguido una tendencia al alza cuya cúspide se alcanzó en 2000, a falta de los datos definitivos de 2001. Valencia integra el bloque de regiones donde el azote de la siniestralidad alcanza dimensiones preocupantes. Cataluña, con 177.662 bajas laborales; Andalucía con 136.165; Madrid con 121.191 encabezan la lista. Por el contrario, Navarra, con 13.839, Extremadura con 14.287 y Murcia con 27.394 son las comunidades menos afectadas. La construcción, con 228.369 bajas laborales en toda España, acapara el grueso de los accidentes; seguido del comercio al por menor y reparaciones domésticas 56.789 y la hostelería 50.870.

Una encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo en 2000 reveló que los empresarios valencianos son los que menos gastan en medidas preventivas para paliar la siniestralidad. Según este sondeo, se inclinan mayoritariamente por asumir personalmente las medidas para reducir el riesgo de sus trabajadores. Si bien esta modalidad está recogida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales alentan la picaresca para eludir la inversión en materia de salud laboral. Esta variante no obliga al empresario a destinar una partida económica específica para aplicar medidas de seguridad y, por tanto, le permiten eludir la inversión.