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Columna
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Gran deuda

No sé para qué piden a la Generalitat que fomente el uso del valenciano, después de la demostración que está haciendo su presidente, Eduardo Zaplana, no ya de uso, sino de abuso de la lengua. Y es que, entre otras pericias, a Zaplana hay que reconocerle esas habilidades que dejan constancia de su formación centrista en su variable local, la de aquella UCD de Fernando Abril Martorell, que tan buenos réditos políticos supo sacar de la agitación lingüística. ¡Qué importancia puede tener que los tribunales emplumen a su ex consejero de Obras Públicas y de otras gabelas, Luis Fernando Cartagena, si nuestro preclaro presidente está dedicado a esa política de altos vuelos que es solucionar el conflicto lingüístico!

Y eso que, dicen, Zaplana se aburre. Si hiciéramos caso a alguno de sus muchos panegiristas, la explicación sería bien sencilla: su gestión es tan brillante, que ya ha cumplido sus objetivos de gobierno. Sin embargo, parece que la realidad es un poco más espinosa y un despacho de la agencia Efe, que ayer difundía este periódico, daba alguna pista. La Comunidad Valenciana es, con diferencia, la más endeudada de España, tanto en relación con el número de habitantes, como tomando como referencia su Producto Interior Bruto (PIB).

La comparación, que tanto disgusta a Eduardo Zaplana, es del mismísimo Banco de España. Así, al terminar 2001 la deuda de la Generalitat Valenciana alcanzó los 6.520 millones de euros (más de un billón de pesetas), lo que supondría 1.582 euros por valenciano, 450 euros por encima de la media española, situada en 1.032 euros por habitante y con más de mil euros de endeudamiento por encima de los ciudadanos de comunidades como las de Cantabria, Baleares o Castilla-La Mancha. Los datos, que aparecen en el Boletín Estadístico del Banco de España, sobre la proporción del PIB de cada comunidad autónoma que supone su endeudamiento son aún más preocupantes. De nuevo la lista de administraciones más endeudadas la encabeza la Generalitat Valenciana con un 10,5% del PIB de la Comunidad, seguida, con dos puntos de diferencia, por Galicia (8,7%), Andalucía (8,2%) y Cataluña (7,9%) y a años luz de comunidades que como el País Vasco, Baleares o Castilla-La Mancha no superan el 3% de su PIB.

Y en esta computación del déficit, que realiza el Banco de España, no se incluye el endeudamiento de las empresas públicas y otros organismos financieramente dependientes de los Gobiernos autonómicos, que han venido siendo utilizados profusamente por los expertos financieros de Zaplana en la llamada centrifugación de la deuda. Tampoco se incluye el uso de los fondos de esa banca cuasi pública que son Bancaixa y la CAM, utilizados por el Gobierno del PP en operaciones, como Terra Mítica, de incierto futuro, mientras infraestructuras como el AVE siguen siendo una quimera y la renovación de los hospitales, simples maquetas virtuales.

En cualquier caso, lo más paradójico -por darle un calificativo suave- es que este aumento del endeudamiento valenciano se produce en una situación en la que se ha acentuado la diferencia de España respecto a Europa en protección social, investigación y educación y a la vez han crecido los impuestos indirectos, mientras los asalariados doblan a los rentistas de capital en su contribución a la Hacienda Pública.

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