COYUNTURA AGRARIA

Bruselas multa a España con 50 millones de euros por fallos en el registro oleícola

La Unión Europea ha comunicado a España la imposición de una multa de 50 millones de euros por la existencia de irregularidades en los datos contenidos en el Sistema de Información Geográfica (SIG) que ha sustituido al antiguo Registro Oleícola. Esos recursos son descontados directamente por Bruselas de las ayudas previstas al Estado miembro, aunque la medida no tiene impacto negativo sobre los ingresos de los productores. Ésta no es la primera multa que aplica la Unión Europea a España por fallos detectados en el Registro Oleícola.

Clarificar las cifras sobre el olivar constituye uno de los objetivos prioritarios de la Comisión de la Unión Europea para eliminar el posible fraude desde la producción a la comercialización.Bruselas se ha dado un plazo de dos años para solventar este problema que afectaba especialmente a Italia.

Catastro

Uno de los instrumentos elegidos para ello es la elaboración de un catastro completo sobre el olivar en toda la Unión Europea que sustituya al anterior Registro Oleícola. El mecanismo elegido se denomina Sistema de Información Geográfico (SIG) y supone meter en el ordenador cada una de las parcelas de olivar existentes en España. Así se detectan los más minimos fallos en el número de parcelas y plantas. Las diferencias entre los datos proporcionados por cada agricultor a la hora de hacer sus declaraciones y los contenidos en el SIG son detectadas por Bruselas y dan lugar a las correspondientes penalizaciones al Estado miembro, supuestamente por no hacer un buen control del sector.

Al margen de esos fallos y las multas impuestas por Bruselas,España es el Estado miembro que tiene el mayor seguimiento sobre las superficies olivareras. Según los datos manejados por la Administración, en los últimos años se han destinado unos 12.000 millones de pesetas, 72,12 millones de euros, para la ejecución de este programa de control. A pesar del esfuerzo realizado, se reconoce la dificultad de eliminar al 100% los posibles errores en un sector como el español con 2,5 millones de parcelas y más de 700.000 perceptores de ayudas.

Desde esta perspectiva, el hecho de que Bruselas imponga sistemáticamente a España multas muy superiores a las de otros países miembros, es una situación que no se explica en medios agrarios y en la propia Administración. En otros Estados miembroscon menores controles sobre el sector, las multas son bajas o inexistentes. Por ello, desde España se reclama el mismo celo para el control del aceite en el resto de los países comunitarios.

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