'El daño de la piratería es devastador'

A sus 71 años, el socialista francés Michel Rocard es uno de los más prestigiosos eurodiputados del actual Parlamento Europeo. Primer ministro entre 1988 y 1991 con François Mitterrand como presidente de la República y ex ministro de Agricultura y de Ordenación Territorial, Rocard preside desde enero la Comisión de Cultura de la Eurocámara. Como tal, escuchó el pasado martes a los miembros de la Mesa Antipiratería española que acudieron a Bruselas a exponer los graves perjuicios que origina ese fenómeno. Rocard asegura que la UE debe actuar cuanto antes para combatir ese fraude.

Pregunta. ¿Qué impresión saca tras escuchar los argumentos de la Mesa Antipiratería?

Respuesta. Los expertos me han confirmado que el daño de la piratería es creciente, económicamente devastador para los productores, y con una dimensión realmente temible porque afecta a todo el sector audiovisual. En España, por ejemplo, como he escuchado, el 30% del mercado está pirateado, y no creo que España tenga el monopolio del problema, evidentemente afecta a todos los países. Se dice que está más desarrollado en el sur de Europa, pero una eurodiputada alemana ya nos ha dicho que también en su país la piratería es un fenómeno importante.

'Grabar una canción para que la escuchen tus niños no es un delito'

'En el audiovisual no podemos suprimir la competencia, pero hay que limitarla'

P. ¿Deben intervenir las instituciones europeas o se trata de un problema policial?

R. No son incompatibles ambas cosas: es un problema policial, sí, pero también hay que reaccionar desde las instituciones. Hay que tener en cuenta que las posibilidades a la hora de aprobar y aplicar leyes europeas en ese terreno son limitadas porque el espacio judicial y policial europeo es limitado. Las policías no dependen de la Comisión Europea y aún está en construcción y desarrollo la cooperación judicial y policial. Las mafias actúan por encima de las fronteras, y por eso hay que reforzar la colaboración judicial y policial.

P. De entrada, usted propone tener una definición común en la UE del delito de piratería.

R. Sí, sí, aunque nos encontremos con problemas a la hora de concretar esa definición. Tenemos que saber qué está permitido a la hora de reproducir objetos y obras o qué es fraude. Porque grabar una canción para que la escuchen tus niños no es un delito, pero hay que fijar dónde termina lo lícito y dónde empieza el delito. No será simple y por eso debemos escuchar a los expertos.

P. Algunos de esos expertos sostienen que los Gobiernos pecan de pasividad a la hora de combatir ese fenómeno.

R. Sí, seguramente es así, pero hay que interpretarlo. Algo parecido ocurre en la lucha contra el blanqueo de dinero. Con la mentalidad de algunos Estados europeos, les resulta difícil aceptar la colaboración policial en el seno de la UE porque consideran menos grave la existencia de fraudes que la limitación de sus soberanías en el terreno de la seguridad.

P. Las nuevas tecnologías, los adelantos técnicos, hacen que las leyes vayan muy por detrás de la delincuencia en este terreno.

R. El paso del sistema analógico al digital en la producción audiovisual va rapidísimo. Pero la velocidad de las tecnologías demuestra que hay que actuar con igual velocidad también en la coordinación de las políticas de Justicia e Interior en toda la UE. Si no, los retrasos legales aún serán más graves.

P. ¿Cómo cree que están cumpliendo los Estados de la Unión la directiva sobre televisión sin fronteras?

R. El aspecto más complicado es el de la implantación de cuotas de producción nacional. Hay que revisar esa directiva, que en buena parte se está cumpliendo bien, precisamente por la velocidad de cambios técnicos.

P. ¿Es necesario mantener ese sistema de cuotas?

R. Sin duda. Si no, habría una 'guerra civil'.

P. Ahora hay un debate al respecto en Francia.

R. Sí, pero está claro que hay que mantener una protección a la identidad cultural de cada cual.

P. La polémica reside en que algunos sostienen que las reglas de la competencia, tan estrictas en otros sectores, han de aplicarse también al mundo audiovisual y cultural.

R. No son las únicas excepciones. Lo mismo ocurre con la sanidad y la educación, o en parte en los transportes y la electricidad. El sistema opuesto a la competencia, el comunista, no funciona. Pero tampoco la competencia soluciona todos los problemas porque, por ejemplo, fomenta la concentración, no defiende adecuadamente determinados intereses como los medioambientales y puede llegar a originar desigualdades. En el ámbito del audiovisual, la pura competencia impulsa la excesiva concentración, que a su vez deja fuera del mercado a pequeñas entidades, a pequeños artesanos, artistas y creadores. No podemos suprimir la competencia en este sector, pero hay que limitarla mediante ayudas o iniciativas equilibradoras.

P. Estos días se ha sabido que Berlusconi y Murdoch intentan controlar el grupo Kirch.

R. Se trata de concentraciones clásicas, como puede ser la de Boeing y Lockheed. El proceso de concentración en el sector de la comunicación no ha concluido y son urgentes los sistemas de limitación y reglamentación.

P. En este caso, además, existe la anomalía del protagonismo de Berlusconi, que además de empresario es el primer ministro.

R. Eso no cambia el origen del problema, aunque obviamente lo empeora.

P. En la UE, algunos Estados aplican un impuesto especial para sostener las televisiones públicas. Otros prefieren el sistema de ayudas.

R. Depende de cada Estado, pero en Francia, Reino Unido o Alemania se ha demostrado que la existencia del sector público audiovisual, junto al privado, es buena para fomentar la cultura o los valores éticos.

P. ¿Y no se produce una competencia desleal cuando, además de las ayudas, las televisiones públicas acceden también al mercado publicitario en las mismas condiciones?

R. Es ése un hecho aceptado de forma general para que las aportaciones públicas sean menores. El término desleal lo utiliza usted, no yo, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la televisión pública produce programas que normalmente no hace la privada, sobre todo en el ámbito educativo. Como primer ministro de Francia, intenté eliminar la publicidad en la pública duplicando el impuesto o canon especial, pero perdí la batalla porque el ministro de Finanzas esgrimió el problema de la inflación, aunque teníamos margen suficiente.