Las organizaciones que no asuman las normas de la AVL se quedarán sin ayudas públicas

La Generalitat no subvencionará a las entidades culturales e instituciones que no acepten el acuerdo de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que reconocía como oficial el valenciano que ha venido usando el Consell desde 1983, según confirmó ayer el consejero de Educación y Cultura, Manuel Tarancón. Esta decisión afecta, sobre todo, a entidades partidarias del secesionismo lingüístico como Lo Rat Penat y a la Real Academia de Cultura Valenciana, generosamente financiadas por el Gobierno valenciano, y que mantienen un calculado silencio tras la decisión de la AVL

'El acuerdo obliga a todos' y las entidades que reciben ayudas y subvenciones de la Generalitat deberán acatar el 'referente normativo oficial del valenciano', dijo Tarancón. Una decisión que coloca a las entidades defensoras del secesionismo lingüístico en el dilema de plegarse al acuerdo de la Acadèmia o renunciar a los centenares de millones de pesetas que han venido recibiendo de la Administración. Lo Rat Penat, controlado ya por el PP tras las recientes elecciones a su junta directiva, y la Real Academia de Cultura (RACV) guardan silencio y todavía no se han pronunciado sobre el acuerdo de la AVL. Su supervivencia depende del dinero que les inyectan las instituciones públicas.

Ayer mismo, el Ayuntamiento de Valencia, con los votos del PP, aprobaba una subvención de 48.080,97 euros (8 millones de pesetas) a Lo Rat Penat, que preside el director general de Patrimonio, Enrique Esteve, con destino a 'la proteción y promoción de la lengua y las tradiciones valencianas'. La ayuda estaba solicitada antes del acuerdo de la AVL; pero esta entidad, partidaria del secesionismo lingüístico, tendrá que asumir los acuerdos de la Acadèmia si quiere seguir recibiendo dinero público en el futuro. La RACV, otro de los bastiones de los más radicales secesionistas, deberá seguir el mismo camino.

El consejero Tarancón, pese a todo, intentó limitar las consecuencias de sus declaraciones y subrayó que la decisión de la AVL es provisional hasta que se redacte una gramática, una ortografía y un diccionario propio. Insistió que la resolución de los académicos abre el camino de la 'valencianización de la lengua, mediante la utilización de aquellas variantes que son autóctonas y que tienen una identificación con el valenciano'.

El acuerdo alcanzado en la AVL, sin embargo, no se ha traducido en una mayor sensibilidad del Ayuntamiento de Valencia hacia el idioma. Ayer mismo, los concejales del PP se oponían a exigir el requisito lingüístico para los funcionarios locales y a establecer una línea en valenciano en el colegio municipal Santiago Grisolía.

Por otra parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner, salió al paso de quienes han puesto en tela de juicio su adhesión al acuerdo de la AVL. 'No me ha generado ninguna duda. Mi silencio no ha sido dubitativo. Si este acuerdo fuera negativo para los valencianos estaría en contra, pero es positivo y no pone en peligro la identidad de nuestra lengua valenciana (...) las palabras estrictamente valencianas que tenían vedado su uso, a partir de ahora serán utilizadas con total absoluta normalidad y legitimidad', concluyó Fernando Giner.

Intromisión

Precisamente la decisión del Consell de establecer mediante decreto el uso obligatorio de una serie de palabras en sus publicaciones oficiales levantó ayer polémica. La presidenta de la AVL, Ascensión Figueres, manifestó que el listado facilitado por el Gobierno es compatible con la normativa de la Acadèmia y no consideró la existencia de intromisión alguna en la competencias de la institución que preside porque 'en ningún momento se ha pensado en dejar de lado a la Acadèmia'.

La oposición no compartió estas palabras. Portavoces del PSPV y de Esquerra Unida acusaron al Consell de excederse en sus competencias al anunciar el listado de palabras que deberán utilizarse en las publicaciones y servicios públicos. Baltasar Vives, diputado del grupo socialista, insistió en que el Consell 'no es quién para establecer ningún tipo de normativa lingüística'. Vives consideró que, con esta decisión, el Gobierno 'lanza cortinas de humo' y practica un 'doble lenguaje para lanzar guiños a los sectores secesionistas'.

En una línea similar se pronunció el diputado de Esquerra Unida Ramón Cardona. Para éste el decreto que pretende aplicar el Consell mantiene 'el conflicto abierto y rechaza los criterios históricos y filológicos, y demuestra que sigue censurando los criterios lingüísticos que defiende toda la comunidad universitaria y que intenta influir en las palabras que puedan utilizar los ciudadanos.