La Junta recurrirá ante el Constitucional una ley estatal sobre la concesión de las apuestas

La Junta de Andalucía llevará ante el Tribunal Constitucional un artículo y una disposición adicional de la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado ya que considera que se vulneran las competencias de algunas autonomías (las que tienen mayor techo competencial) en lo que se refiere a la concesión para la explotación de los negocios de apuestas. En concreto, desde el Ejecutivo andaluz se considera que al arrogarse esta potestad el Ejecutivo central busca una carambola que haga más atractiva la concesión del hipódromo de la Zarzuela, en Madrid, único de propiedad estatal.

En la reunión de la Comisión de Gobierno del próximo lunes se tratará la pertinencia de presentar este recurso ante el Tribunal Constitucional. Es más que probable que así sea, especialmente después del informe en ese sentido que entregó esta semana el Consejo Consultivo a los servicios jurídicos de la Consejería de Gobernación.

El contenido del artículo 24 y de una disposición adicional en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado también ha sentado mal en las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Baleares. De hecho, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya ya ha decidido dar luz verde al recurso.

En su momento, el grupo catalán en el Congreso apoyó esta ley, pero desde el Ejecutivo de esa autonomía se critica ahora que la parte más conflictiva entrara en la citada norma a través de una enmienda de última hora que presentó el Partido Popular en el Senado.

Para los expertos de Gobernación, el Estatuto de Autonomía deja meridianamente claro en su artículo 13 que estas competencias en relación con la concesión de las licencias (y sus correspondientes tasas) para las empresas gestionadoras de las apuestas están en manos del Ejecutivo autonómico. Únicamente quedarían fuera de esta competencia autonómica las Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas (quinielas de fútbol, lotería primitiva, bonoloto o los sorteos de la ONCE).

Además, la Junta ya ha concedido la explotación de los hipódromos de Mijas y de Dos Hermanas (cuya inauguración está prevista para el próximo 10 de mayo) a la empresa Apuestas Mutuas Andaluzas.

Precisamente, es la situación de un hipódromo, el de La Zarzuela de Madrid, único de titularidad estatal, la que está detrás de esta, a juicio de los expertos jurídicos de la Junta, invasión de competencias por parte del Ejecutivo central. Así, desde la Junta se considera que Patrimonio del Estado no está teniendo mucha suerte a la hora de cristalizar la concesión del hipódromo madrileño -su anterior gestor, Enrique Sarasola, aún mantiene pleitos abiertos al respecto, y persisten los problemas tras una primera adjudicación a un grupo empresarial hace unos meses-, cerrado desde hace algún tiempo y cuya rentabilidad tras las inversiones necesarias para ponerlo en marcha y mantener su explotación difícilmente podrían salir adelante si no se incluye la concesión de las apuestas, una potestad que, según los expertos, está en manos de la Comunidad de Madrid y que el Ejecutivo central no puede sumar al lote para la concesión de la explotación.

Por el momento desde el Ejecutivo madrileño no se ha planteado ningún conflicto en relación con la postura adoptada por Patrimonio del Estado a la hora de plantear su oferta para el hipódromo de La Zarzuela.

Otro aspecto de la disputa es, además, si una empresa podría obtener la concesión de las apuestas a distancia en los distintos hipódromos de España. El Ejecutivo central cree que sí y, según fuentes cercanas a la polémica, ha deslizado también esta posibilidad como reclamo para animar a posibles empresarios interesados en hacerse con La Zarzuela.

Además, las comunidades afectadas se quejan de que la medida contenida en la citada ley les impediría una futura asociación que hiciera posible la creación de una oferta conjunta de todos sus hipódromos, lo que les daría una gran baza a la hora de negociar con las diferentes empresas que pudieran estar interesadas en la explotación de estos centros.

Una vez enviado el recurso (sumado al de Cataluña y al previsible del País Vasco), se abriría un largo proceso judicial. Si finalmente, el Tribunal Constitucional decide admitir a tramite las cuestiones sobre la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de este ejercicio, la decisión final podría prolongarse varios años.