Un ex empleado de funeraria tenía en su casa restos de 20 cadáveres

Un control rutinario en la carretera comarcal A-357 en Carratraca (Málaga) desembocó en un hallazgo macabro. La Guardia Civil detuvo en la tarde del lunes a un ex empleado de funeraria de 41 años, F. E. B., después de registrar el maletero de su coche y hallar cuatro bolsas con restos humanos. Otras tres sacas fueron descubiertas en la inspección posterior de su domicilio. Un total de 20 cráneos y otros huesos fueron recuperados.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga decretó ayer la libertad sin fianza para F. E. B., acusado de estafa y de un delito contra la salud pública. En su declaración ante la Guardia Civil, el acusado relató que los restos los conservaba en un arcón situado en el patio de su domicilio y que fueron descubiertos por su hijo de 18 años. El ex empleado de funeraria reconoció que acumuló restos de hasta 20 personas y agregó que las presiones familiares le obligaron a deshacerse de ellos. Cuando se disponía a hacerlo fue interceptado por la Guardia Civil.

Los agentes contabilizaron ocho cráneos en el maletero del coche y otros 12 en el domicilio, además de numerosos huesos que se desconoce si forman parte de los mismos cuerpos. Fuentes de la Guardia Civil precisaron que el ex empleado de funeraria pretendía lanzar los restos al pantano de El Chorro, en el Valle del Guadalhorce.

La Guardia Civil sospecha que el ex empleado de pompas fúnebres almacenaba los huesos desde hace cuatro años y que podrían proceder del antiguo cementerio San Miguel. Las mismas fuentes apuntan que los restos proceden de nichos cuyo alquiler estaba a punto de vencer, por lo que debían ser incinerados o depositados en fosas comunes, pero finalmente acabaron en el domicilio de F. E. B. Los huesos fueron trasladados al cementerio de Málaga (Parcemasa) a la espera de su identificación mediante pruebas de ADN.

La versión del instituto armado apunta a que el hallazgo de los restos podría estar relacionado con el fraude de las funerarias, en 1997, en el que se vieron implicados seis trabajadores de diversas funerarias, entre ellos un empleado del Parque Cementerio de Málaga, acusados de participar en 3.000 cremaciones ilegales de restos procedentes de nichos cuyo alquiler había caducado. Los implicados decían a las familias que la incineración se hacía en Sevilla porque era más barato, les cobraban portes que no se realizaban y luego incineraban los restos en el crematorio del cementerio pero de forma clandestina, fuera de las normas reglamentarias y entregando a las familias cenizas que no correspondían a sus difuntos.

El juicio del caso, iniciado en diciembre, quedó suspendido sin que aún se conozca nueva fecha para su celebración. De estar relacionados los nuevos acontecimientos, habría que realizar una instrucción suplementaria, según apunta la fiscalía.

Uno de los empleados acusados pertenecía a Funesur, entidad en la que F. E. B. trabajó hasta hace un año y medio, según fuentes del sector. Antes, fue empleado de la funeraria Santo Traslado, en la que también trabajó su padre -ya jubilado-, aunque F. E. B. 'salió de la empresa hace ocho o 10 años', dijo ayer un empleado de Santo Traslado. Después, ingresó en Funesur, empresa que fue vendida a La Aurora, por lo que F. E. B. pasó a la plantilla de esta entidad fúnebre.

El domicilio donde fueron hallados los restos humanos está ubicado en la barriada de Santa Rosalía, en las afueras de la capital malagueña.