El Tribunal Superior vasco devuelve o archiva causas de los aforados de Batasuna

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado, archivado o devuelto los casos contra parlamentarios vascos del entorno de ETA que le ha remitido el juez Baltasar Garzón desde el año 1998. Mientras, los otros implicados que no tienen fuero son procesados en la Audiencia Nacional por graves delitos relacionados con el terrorismo. El presidente del TSJPV, Manuel Zorrilla, no ha atendido las llamadas de este periódico para explicar el destino final de los casos remitidos por Garzón, mientras que la fiscal jefe del mismo tribunal, María Ángeles Montes, se limitó a señalar a través de una secretaria que no tiene 'nada que hablar de este tipo de causas'.

Asier Tapia Zulaica, dirigente de la organización juvenil del entorno de ETA que se ha llamado sucesivamente Jarrai, Haika y Segi, y que, según el juez Baltasar Garzón, hizo un llamamiento a la violencia, está en prisión y procesado por delito de integración en organización terrorista, tres delitos de inducción al incendio de domicilios particulares y 19 delitos de inducción a perpetrar daños terroristas.

Mientras, el parlamentario de Batasuna Arnaldo Otegi, la persona que presuntamente le indicó lo que tenía que hacer y decir y que le acompañaba en la conferencia de prensa en la que se basa la imputación judicial, sigue en libertad y la causa, remitida al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha sido archivada para él.

El primero, Asier Tapia, fue detenido a instancias del juez Baltasar Garzón y el proceso que se sigue contra él se tramita en la Audiencia Nacional. De ese proceso fue desglosada la causa contra Arnaldo Otegi, que, por su condición de parlamentario vasco, fue remitida desde la Audiencia Nacional a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El caso fue finalmente archivado porque el tribunal entendió que no había elementos que vinculasen la conferencia de prensa del dirigente juvenil Asier Tapia y los hechos de violencia callejera que sucedieron posteriormente.

Pruebas insuficientes

Esther Aguirre, vinculada a Xaki, considerado por el juez Baltasar Garzón el aparato de relaciones exteriores de ETA, también vio archivada la causa contra ella cuando llegó al Tribunal Superior del País Vasco.

Dicha causa había pasado previamente por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Los magistrados que trabajan en el tribunal vasco entendieron que no había elementos suficientes para procesarla. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se basó para su resolución en un auto dictado por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, que hablaba de pruebas insuficientes y revocaba la decisión del juez Garzón. Éste aportó nuevos datos para probar la relación con ETA de los encausados, pero el tribunal vasco no los consideró suficientes.

En julio de 2000, Garzón procesó a 31 dirigentes de Ekin, estructura sustituta de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) y considerada por el juez de la Audiencia Nacional como el aparato político de la banda terrorista ETA. Garzón les imputó un delito de pertenencia o colaboración con banda armada.

En esa misma fecha, Garzón no procesó a José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, ni a Jon Salaberria Sansinenea, a pesar de que en su resolución el juez ofrecía toda una serie de datos que permitían identificar al primero como responsable nacional máximo de Ekin, y al segundo como responsable nacional de la misma organización. Ambos eran aforados al tener escaño en el Parlamento vasco, por lo que en agosto elevó el caso al Tribunal Superior del País Vasco.

La documentación no llegó completa y ese tribunal reclamó al juez Garzón el testimonio completo de la causa, que la remitió el pasado mes de diciembre. La Asociación de Víctimas del Terrorismo se ha personado en la causa, pero el Tribunal Superior vasco no ha adoptado todavía ninguna decisión sobre la misma.

Salaberria está también implicado como dirigente de Jarrai. En las elecciones de mayo de 2001 revalidó su acta de parlamentario. El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina ha pedido su procesamiento, aunque éste dependera del Tribunal vasco.

El juez Garzón ha expuesto ya en varias resoluciones que Batasuna forma parte de las estructuras de ETA. La ilegalización de esta formación política está todos los días en los planes del PP y del Ministerio del Interior. En los próximos días, el Consejo de Ministros aprobará modificar la Ley de Partidos Políticos y facilitar así la ilegalización de Batasuna. Si Garzón abriera la causa judicial ahora tendría siete aforados y el caso pasaría de nuevo al Tribunal Superior del País Vasco.