Las cajas de Orain, remitidas sin abrir
El caso que investiga la financiación del entorno de ETA, del que se derivó el cierre del diario Egin y la clausura de su empresa editora, Orain, se inició en mayo de 1998. En octubre de ese año, la coalición Euskal Herritarrok, sucesora de Herri Batasuna, formación política afín a las tesis ETA, incluyó en sus listas a dos de los implicados, José Antonio Etxeberria Arbelaitz y Pablo Gorostiaga, que resultaron elegidos parlamentarios vascos. Al lograr el acta de diputado se salieron de la competencia del juez Baltasar Garzón, que tuvo que trasladar el caso al País Vasco por aplicación del artículo 26 del Estatuto de Gernika, que señala que los parlamentarios vascos sólo pueden ser procesados por el Supremo o el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco durante su mandato.
En noviembre de 1998, Garzón procesó a 26 de los implicados y elevó el caso al Supremo. El alto tribunal decidió que el proceso fuera desglosado y que la Audiencia Nacional continuase con la tramitación del caso para los 26 procesados, mientras que los dos aforados deberían ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Garzón remitió a este órgano siete cajas de documentos que contenían copia del sumario en lo que afectaba a Etxeberria y Gorostiaga.
Pero las elecciones de mayo de 2001 supusieron un batacazo para la izquierda radical vasca, que bajó de 14 a siete parlamentarios, por lo que varios de los que habían obtenido el acta de diputado en comicios anteriores se quedaron en esta ocasión sin escaño.
La consecuencia inmediata fue que perdieron el fuero de parlamentario. Etxeberria y Gorostiaga se encontraban entre éstos.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco devolvió inmediatamente a la Audiencia Nacional las siete cajas de documentos remitidas en 1998, sin abrir y con polvo, según manifiestan fuentes de la Audiencia Nacional.
Tanto Etxeberria, considerado responsable económico de la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS), como Gorostiaga, consejero de Ardatza (una de las empresas del grupo Orain-Egin), han sido procesados, como los otros 26, por delitos de pertenencia o colaboración con banda armada, allegamiento de fondos a organización terrorista y alzamiento de bienes.
Ambos han presentado recurso ante la Audiencia, que todavía no ha sido resuelto.
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