Un funcionario de Asuntos Sociales ratifica que recibió amenazas para que aumentara las ayudas a la FARA

El jefe de la Secretaría Gitana de la Consejería de Asuntos Sociales, José Manuel Leal, ratificó ante el juez del caso FARA que recibió 'presiones y amenazas' del presidente de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía y principal imputado, Vicente Rodríguez, no sólo para que se le concedieran las subvenciones de las que la organización se vio privada en los años 1998 y 1999 a raíz del relevo 'antidemocrático, violento y anómalo' de la directiva, sino incluso para que se aumentara la cuantía de las ayudas. En el caso FARA se investiga el supuesto desvío de subvenciones a cuentas particulares y el presunto uso de la organización como tapadera para el blanqueo de dinero.

El funcionario precisó ante el juez que las amenazas eran veladas y consistían en que Rodríguez acudía a las entrevistas acompañado de un gran número de personas para ejercer presión y aludía a aspectos de su vida personal. Según Leal, que declaró el pasado 8 de marzo como testigo, Rodríguez llegó a decirle 'que tú tienes una familia y tienes que salir de este despacho'.

El funcionario dijo también al juez que fue víctima de un intento de soborno por parte del presidente de FARA, quien en alguna ocasión le preguntó si le gustaría tener un Mercedes. Según declaró Leal, le contestó que ese vehículo estaba fuera de sus posibilidades, a lo que Rodríguez le respondió que 'de eso no se preocupara'.

Leal incluso manifestó ante el juez de instrucción número 7, Pedro Molero, que tenía constancia de que otros funcionarios del Ministerio de Trabajo, de Asuntos Sociales de la Junta y de 'otras consejerías' también habían sufrido amenazas por parte de directivos de la FARA, especialmente de Rodríguez y José Maldonado, presidente de la Asociación Pro Derechos del Niño Gitano, también inculpado en la causa. Según el jefe de la Secretaría Gitana, se trataba de 'auténticas amenazas de tipo mafioso' y no de las típicas reclamaciones del administrado frente a la administración. Además, declaró que esa 'actuación intimidatoria de coacción' no solamente se desplegó contra la administración pública, sino también hacia otras organizaciones, como por ejemplo el Secretariado General Gitano. En su testimonio ante el juez, el funcionario autonómico llega a afirmar que cuando se presentaban en su despacho 12 o 13 personas de la organización 'no le quedaba más remedio' que recibir al grupo entero porque 'la reunión la imponía el colectivo' dentro del ambiente de presión que existía en ese momento.

Aunque comentó ante el juez que después de la investigación el clima ha mejorado, admitió que tras aquellas amenazas sintió 'gran intranquilidad', lo que le llevó a adoptar medidas de seguridad. En el caso están imputados seis miembros de la directiva de FARA, tres de ellos estuvieron en prisión y ahora se encuentran en libertad bajo fianza.