El Gobierno andaluz despierta en el último año de su atonía con el impulso de nuevas medidas sociales

La 6ª legislatura andaluza llegó el pasado 13 de marzo a su ecuador y, a falta de dos años para que se celebren las elecciones autonómicas, el Gobierno andaluz de coalición ha impulsado la mayoría de los compromisos electorales apuntados por el presidente Manuel Chaves en el debate de investidura. El fin de un conflicto -el de las cajas de ahorros- y el anuncio de la posible reforma del Estatuto marcan un antes y un después en la trayectoria del Ejecutivo, cuya gestión en el primer año de mandato se caracterizó por la atonía, la bisoñez del nuevo gabinete y los problemas internos del PSOE.

El debate del estado de la comunidad, en junio de 2001, y la firma del nuevo sistema de financiación autonómica, un mes más tarde, han sido los motores políticos que permitieron al Gobierno que preside el socialista Manuel Chaves comenzar a poner en pie sus promesas electorales.

El verano y el otoño resultaron claves para el Ejecutivo por cuanto se produjo el principio del fin del enorme embrollo de las cajas de ahorro de Sevilla, una batalla que, de haberse perdido, según confesó el propio Chaves, le habría colocado en una situación 'realmente difícil y complicada' para continuar como presidente. En este periodo también se consiguió dar carpetazo al malestar en el PSOE por varios episodios internos (congresos, crisis del comentario xenófobo); y se abrió una nueva etapa con el lanzamiento de un proyecto autonómico, bajo el impreciso epígrafe de la segunda modernización de Andalucía, que, no obstante, contiene una apuesta tan arriesgada como trascendente: la posible reforma del Estatuto de Autonomía. Pese al descreímiento y escepticismo de la oposición, todos los partidos, con o sin entusiamo, terminaron por asumir la bandera.

La estrategia socialista en todos sus ámbitos (Ejecutivo, legislativo y partido) gira en torno a esta idea, sin que hasta el momento el Parlamento andaluz haya debatido ni en profundidad ni superficialmente su contenido, como prometió Manuel Chaves.

Debate estatutario

El presidente anunció el 11 de octubre pasado, en una sesión de control en la Cámara, 'un debate en el pleno sobre los objetivos de la segunda modernización y también sobre el papel que tiene que jugar y desempeñar el Estatuto de Autonomía para Andalucía'. Fijó la cita parlamentaria para después del debate de los Presupuestos de diciembre pasado.

Han transcurrido los meses y el Gobierno no ha solicitado la comparecencia de Chaves ni la tiene prevista. 'Aún no tenemos clara la fecha, se celebrará cuando veamos la oportunidad', afirmaron fuentes del Ejecutivo. Tampoco la oposición ha preguntado por el retraso del debate que, según los cálculos de la Junta, debía de haberse celebrado en la primera semana de febrero.

La firma del modelo de financiación autonómica, después de cinco años al margen, ha sido un punto de inflexión en el Gobierno de coalición. El acuerdo le ha permitido a la Junta alcanzar un récord de inversiones (3.000 millones de euros) en 2002 y aplicar sus propias políticas, sobre todo, en el área de la sanidad. La consejería que dirige Francisco Vallejo es la que más ha marcado la diferencia -un objetivo político clave en la anterior legislatura- entre el Gobierno central, del Partido Popular, y el andaluz, de PSOE y andalucistas, con medidas como la dispensación gratuita de la píldora postcoital, la demanda contra las tabaqueras, la asistencia dental a los niños o el plan de calidad de la sanidad.

El último ejercicio ha supuesto, en cierta medida, el regreso de lo que los partidos denominan la confrontación con el Ejecutivo de José María Aznar. La dinámica no se ha retomado por una decisión estratégica y meditada de la dirección socialista, como ocurrió en el mandato anterior, cuando tras el primer triunfo del Partido Popular en 1996 Chaves ordenó clara y abiertamente a los socialistas andaluces que se convirtieran en la punta de lanza de la oposición a los populares, como así fue. Entonces la dirección federal del PSOE estaba ayuna de liderazgo y desnortada en los bancos de la oposición, después de 14 años de gobiernos de Felipe González.

En esta ocasión, explican fuentes socialistas, el giro viene condicionado por dos hechos 'no atribuibles a una determinación propia': la insistente negativa de Madrid a traspasar las políticas activas de empleo, consideradas por el PSOE y el Gobierno como 'vitales', y la ruptura del pacto anti-GIL en Estepona (Málaga). Otra cosa es que algunos consejeros se sientan más cómodos en la trinchera que en la gestión.

El cambio coincide con la consolidación de José Luis Rodríguez Zapatero como líder del PSOE, un detalle que Chaves y la ejecutiva regional (la mayoría de los dirigentes apostó por José Bono como secretario general socialista) han cuidado en extremo, y con sinceridad. El interés del presidente andaluz por reforzar a Zapatero ha llegado hasta el punto de que al Ejecutivo autónomo -tan beligerante y suficiente en la anterior legislatura- no le ha importado contradecirse, como cuando los socialistas votaron en el Parlamento en contra de recurrir la ley de Extranjería, para luego presentar una demanda al Constitucional, una vez que fracasaron las negociaciones entre las direcciones nacionales de PP y PSOE sobre inmigración.