El grupo de Luis Batalla desarrolla la mitad del suelo adjudicado en Castellón mediante el agente urbanizador

El grupo de empresas de Luis Batalla participa en la urbanización de la mitad del suelo residencial, terciario e industrial, que se ha adjudicado en Castellón desde que comenzó a funcionar la figura del agente urbanizador que inventó en 1994 la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), actualmente analizada por el Tribunal Constitucional. Batalla, de forma directa o indirecta, como empresa exclusiva o como integrante de otro grupo de empresas, participa en la urbanización de un 48,7% de los casi cuatro millones de metros cuadrados que se han adjudicado en la ciudad desde 2000.

En lo que se refiere a suelo residencial, Batalla está desarrollando o desarrollará más de un millón de metros cuadrados, lo que significa el 45% del total adjudicado. El porcentaje en el caso de las adjudicaciones para la urbanización del suelo terciario asciende al 58%, ya que esa empresa participa en el desarrollo de más de 250.000 metros cuadrados del total de 432.000 metros en vías de urbanización. En el caso del suelo industrial, las empresas del grupo están implicadas en un 53% de la urbanización del suelo adjudicado desde 2000, en el que de los cerca de 890.000 metros cuadrados adjudicados, las empresas de Batalla participan en el desarrollo de más de 470.000 metros.

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Castellón respondió ayer con estos datos al concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, del PP, quien se jactó de repartir la urbanización del suelo castellonense entre más de una treintena de empresas. Fabra hizo esta afirmación cuando fue acusado de montar un 'corralito' particular en el urbanismo de la capital de La Plana. Desde entonces, los socialistas han revisado todas las adjudicaciones realizadas desde 2000, cuando comenzó a urbanizarse la ciudad a través del agente urbanizador.

A finales del pasado año, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano elevó al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre la figura del agente urbanizador. El TSJ señalaba que la elección, la publicidad de las adjudicaciones, las exigencias al promotor y los avales económicos que se exigen difieren de los que son preceptivos en el caso de los contratistas en la norma estatal.

El agente urbanizador, cuya figura más parecida es la de promotor inmobiliario, es una persona física o jurídica que asume, de forma voluntaria, la responsabilidad pública de promover la ejecución de una actuación urbanizadora. Es decir, que sobre una superficie declarada urbanizable presenta un proyecto para actuar que es aprobado por la autoridad competente, los ayuntamientos, y por el que desarrolla infraestructuras tales como aceras, asfaltado de calles, alcantarillado o tendido eléctrico.

Una vez ha conseguido el visto bueno de la Administración, el agente urbanizador tiene mandato para obligar al propietario de la superficie en cuestión a abonar las cargas de urbanización correspondientes. Una prerrogativa que ha motivado no pocos conflictos. Así, en Castellón, la aplicación de la LRAU provocó la creación de una asociación civil de damnificados por esta norma, debido a los innumerables pleitos que ha propiciado la aplicación de la ley, que ha perjudicado a numerosos vecinos.

Ayer, con los datos recopilados mediante la revisión de todas las adjudicaciones realizadas en Castellón desde 2000, cuando comenzó a urbanizarse la ciudad a través del agente urbanizador, y pese a que evitaron criticar directamente a la empresa que concentra la mayoría de las adjudicaciones, los socialistas castellonenses acusaron al PP de 'entregarse a determinadas empresas'. El portavoz del Grupo Socialista, Ignacio Subías, y su adjunto, Miguel Alcalde, mantuvieron que esto 'tiene una implicación ya que marca un modelo determinado de ciudad'. Alcalde acusó al concejal delegado de Urbanismo del PP, Alberto Fabra, de pretender 'engañar para disimular sobre quién es el verdadero agente urbanizador de Castellón' y dijo que el departamento de Urbanismo marcha 'sin rumbo'. Los socialistas recordaron también que, en un pleno municipal una asociación de comerciantes (separada de un concurso urbanístico en el que competía con una empresa de Batalla) acusó al equipo de gobierno municipal de dejar en manos del empresario la 'auténtica autoridad urbanística y la dirección de la política urbanística de la ciudad'. 'Nadie salió a decir que aquello era mentira', indicó ayer Subías, quien sostuvo que el PP 'se limitó a invitar a acudir a los tribunales a quien creyera que se estaba produciendo alguna ilegalidad'.

La Ley Reguladura de la Actividad Urbanística supuso en el momento de su aprobación una propuesta novedosa en dos sentidos. Por una parte, establecía que la ejecución de planes urbanísticos se podía hacer según dos regímenes: actuaciones aisladas y actuaciones integradas (éstas afectan a más de una parcela). Por otra, establecía el modelo denominado programa para el desarrollo de actuaciones integradas. En él, no se califica el suelo, no se regula u ordena su destino, sino que se planifica el proceso de gestión urbanística. Su aprobación, según consta en el preámbulo de la ley, sólo necesita del compromiso 'efectivo y voluntario, asumido por el promotor de desarrollo en plazos y condiciones'. Es decir, la Administración cede la actuación a un particular al que no se exigen los avales que sí exige la ley estatal a los contratistas: solvencia económica y solvencia técnica a través de una serie de complejos trámites.