La Junta declara en desamparo provisional a la joven marroquí cuya familia pretendía casarla a la fuerza

La Consejería de Asuntos Sociales ha declarado en desamparo provisional a la adolescente marroquí de 14 años residente en Córdoba cuya familia pretendía casar a la fuerza supuestamente con un compatriota de 35. A la vista de lo que determine el fiscal de Menores de Córdoba, la Junta devolverá a la menor su madre o bien asumirá su tutela definitiva. El consejero Isaías Pérez Saldaña no descartó, como ha ocurrido en otro caso similar surgido en Almería, que la chica vuelva con su familia.

El consejero precisó ayer en Granada que en un caso similar detectado en Almería se ha demostrado que 'actuando sobre la madre' se puede restablecer la convivencia familiar garantizando al mismo tiempo los derechos de la menor. Pérez Saldaña, negó que el casamiento forzoso de menores marroquíes residentes en Andalucía a cambio de dinero sea una práctica habitual. No obstante, el consejero precisó que a la Junta de Andalucía no le corresponde investigar la comisión de hechos delictivos sino poner en marcha 'instrumentos para advertir situaciones de este tipo'.

Mientras tanto, en Córdoba, la familia de la menor soportó ayer con dificultad la presión de los medios de comunicación, y mantuvo su negativa a hacer declaración alguna, por consejo expreso de su abogada. Sí ha trascendido que los padres de la chica hicieron saber a Francisco García Calabrés, presidente de la ONG Córdoba Acoge, que en ningún momento tuvieron la intención de vender a su hija. Esta comunicación no se produjo directamente, sino a través de terceras personas.

García Calabrés pidió que se escuchase a todas las partes implicadas y que se hiciese un ejercicio de prudencia. 'Esta historia hay que ponerla en cuarentena', advirtió. 'Es sólo una denuncia, y hasta que se vea cuál es la realidad de los hechos no se puede vulnerar la presunción de inocencia de la familia'.

El presidente de Córdoba Acoge consideró 'irregular e injustificado' el que la menor, a los 14 años, no estuviese escolarizada y trabajase más de 10 horas diarias en la tienda de sus padres, y añadió que 'cualquier conducta que implique poner precio a una persona, que signifique un intercambio de bienes por seres humanos, es condenable en cualquier ámbito cultural, porque los derechos humanos son universales'.

En cuanto a la supuesta imposición del matrimonio a la adolescente, Jadicha Candela, secretaria de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Córdoba, afirmó ayer que una unión basada en la obligación de uno de los contrayentes carece de validez dentro del islam. En la misma línea se manifestó Francisco Escudero, secretario general de la Comisión Islámica de España, que señaló que el primer requisito de un matrimonio legal es que conste el consentimiento de las dos partes.