Dos dictámenes municipales cuestionan el sistema de seguridad del centro de menores de Granada

La delegación municipal de Medio Ambiente ha emitido dos informes desfavorables sobre determinados aspectos arquitectónicos y de seguridad del centro de menores de San Miguel de Granada, que entre marzo y diciembre de 2001 fue el único lugar de internamiento cerrado de chicas delincuentes. La Fundación Diagrama, que gestiona el centro, solicitó hace un año la licencia municipal que aún no ha sido concedida, si bien una ordenaza posterior eliminó tal obligación. Una asociación de vecinos presentó el martes una denuncia pidiendo la clausura.

El segundo informe municipal, fechado el dos de febrero pasado, señala que el proyecto presentado junto con la solicitud de licencia incumple el reglamento de evacuación en la zona correspondiente al uso residencia, donde se hallan los dormitorios de los internos. La queja se extiende también a las escaleras de evacuación situadas en la lavandería y a las dimensiones de puertas y ventanas.

El informe del arquitecto técnico municipal refiere otras deficiencias en la ventilación y climatización del establecimiento y manifiesta ciertos desarreglos en la zona de contacto de la planta primera entre la residencia y las aulas de aprendizaje. Por último emplaza al centro a justificar el cunplimiento del reglamento municipal de Calidad del Aire.

De otro lado, el informe del ingeniero técnico, dictaminado en mayo de 2000, encuentra deficiencias de ventilación en las habitaciones de la zona de observación y el incumplimiento de las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de las barreras arquitectónicas.

Durante el año que funcionó como centro cerrado para chicas condenadas por delitos muy graves, el establecimiento acogió a nueve internas. Dos de ellas dieron a luz a sendos bebés durante el periodo de reclusión en Granada, y una tercera convivió con un hijo de tres años. El establecimiento, durante este periodo, dispuso sólo de ocho habitaciones, tres duchas y dos cuartos de baño, según datos facilitados por CC OO.

Pese a carecer de licencia municipal, el establecimiento de reforma fue abierto el pasado mes de marzo coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley del Menor. No obstante, el pasado mes de agosto entró en vigor una odenanza municipal de regulación de licencias que excluyó de este requisito a los centros docentes y educativos de titularidad pública.

La asociación de vecinos de Verdes Cármenes de San Miguel presentó el martes una denuncia ante la delegación municipal de Medio Ambiente, que ya ha abierto un expediente disciplinario para dictaminar si el edificio cumple la totalidad de las normas ambientales y arquitectónicas, ya que la carencia de licencia municipal no es un requisito obligatorio.

La delegada de la Consejería de Asiuntos Sociales en Granada, María José Sánchez, manifestó ayer que le constan las deficiencias encontradas por los técnicos del Ayuntamiento y aclaró que las obras que se están acometiendo ahora, entre ellas las sustitución de un pozo ciego por una red de saneamiento, corregirán tales anomalías.

Por su lado, el director de San Miguel, Santiago Expósito, de la Fundación Diagrama, derivó cualquier responsabilidad hacia la Adminitración. Expósito dijo que Diagrana es una asociación sin ánimo de lucro que se limita a gestionar los recursos públicos, pese a que el proyecto de solicitud de licencia de apertura fue elaborado por la fundación.

San Miguel dejó de ser centro cerrado femenino a finales de diciembre, coincidiendo con una denuncia de la Fiscalía de Granada por un supuesto caso de trato vejatorio. Las internas fueron trasladadas a un establecimiento de la provincia de Cádiz. El 24 de enero San Miguel inició una nueva etapa como centro semiabierto masculino y un mes después Diagrama decidió no renovar el contrato a diez de los trece trabajadores. Por su lado, Asuntos Sociales inició unas obras de reforma que aún no han acabado.