El Ejecutivo requiere al Estado contra el veto a la regularización de inmigrantes

El Gobierno vasco dio ayer un primer paso legal para lograr que Ejecutivo central revoque su decisión de vetar las regularizaciones de los inmigrantes que están en España sin papeles incluso si logran una oferta de trabajo. El Consejo de Gobierno aprobó ayer un acuerdo por el que indica al central que su decisión de que sea el Inem el que designe el contingente margina a la comunidad autónoma en la distribución de ese contingente.

La requisitoria aprobada ayer por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Dirección de Inmigración, se refiere a un acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de diciembre pasado que determinó el contingente de trabajadores extracomunitarios y atribuyó al Inem proponer la designación del mismo y a cada subdelegado del Gobierno, su resolución.

El Gabinete de Juan José Ibarretxe se considera legitimado para pedir la anulación de la decisión que sólo permite trabajar en España a los inmigrantes que lleguen a través del contingente porque considera que 'por ley le corresponde' participar en la distribución del contingente, según indicaron fuentes de la Dirección de Inmigración. El Ejecutivo vasco considera además que el acuerdo del Consejo de Ministros rompe 'el principio de jerarquía normativa y legalidad'.

El Gobierno autónomo estima que debe participar en la propuesta del contingente (la mano de obra extranjera para trabajar en los sectores en los que no existe oferta de mano de obra nacional) porque su número y distribución 'repercute en el desarrollo económico' de la comunidad autónoma.

Según la respuesta que el Gobierno central dé a este requerimiento, el tripartito de PNV, EA e IU se planteará presentar un recurso contencioso-administrativo contra el veto. Catorce ONG y sindicatos integrados en la Mesa de la Sociedad Civil para la Inmigración tenían previsto presentar ayer otro recurso ante el Tribunal Supremo. IU-EB también ha recurrido la medida.

El Consejo de Gobierno aprobó otros acuerdos ayer:

- Renta básica y AES. El Ejecutivo vasco autorizó destinar 96,8 millones de euros a la renta básica para personas que carecen de los recursos básicos o están en proceso de inserción social o laboral y otros 15,4 millones de euros para las ayudas de emergencia social (AES) que sirven para pagar gastos específicos que prevengan o palíen situaciones de marginación.

- Ayudas a empresas. El Consejo de Gobierno dio luz verde a financiar con 48 millones de euros el programa Gauzatu Industria para impulsar la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas industrias de base tecnológica. Aprobó 6 millones de euros para promover la implantación de empresas vascas en el extranjero y 6,2 para bonificar las inversiones por parte de pymes industriales.

- Subvenciones. Aprobada la convocatoria de subvenciones para entidades que deseen colaborar en el plan de formación continua del profesorado y estancias de alumnos en el extranjero.

- Nombramientos y ceses. Miren Itziar Lizeaga es la nueva directora de procesos electorales. Unai Ugalde deja de ser director de Política Científica.