El PP propone que los interventores de las elecciones vascas puedan no ser residentes

A los interventores y apoderados de los partidos en las mesas electorales de los comicios municipales vascos no se les exigirá el requisito de residencia para desempeñar sus funciones. Ésta es una de las novedades que recoge el documento con 17 medidas políticas, penales y sociales que el PP presentará hoy al PSOE durante la reunión de la Comisión Técnica del Pacto Antiterrorista. En este foro se debaten las reformas legales necesarias para facilitar la actuación de los concejales y la celebración de las elecciones en las difíciles condiciones de acoso por parte de ETA en que viven en Euskadi.

El secretario general del PP, Javier Arenas, remitió en la tarde de ayer, por carta, desde el Congreso, la propuesta de 17 medidas al líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. Unas medidas con las que se pretende 'aislar a la minoría criminal que pretende arrincocar en el País Vasco a las fuerzas democráticas'.

El levantamiento de la extensión geográfica de los interventores -podrían ser de otras provincias españolas- implica la reforma de la Ley Electoral vasca, por lo que esta propuesta tendrá que elevarse a la consideración del Parlamento autonómico. También requiere la reforma de la Ley Electoral general, que en su artículo 78.3 señala que 'para ser designado interventor es preciso estar inscrito como elector en la circunscripción correspondiente'.

La pretensión de esta reforma es permitir que los partidos no nacionalistas cubran las plazas de interventores en todas las localidades en las elecciones de Euskadi, dadas las dificultades existentes en algunas de ellas ante el acoso y la intimidación de los proetarras, según fuentes de los promotores.

La segunda novedad consiste en la creación de un fondo destinado a sufragar los gastos para la seguridad de los concejales en el País Vasco, constituido con aportaciones tanto de particulares como de empresas, que podrían obtener beneficios fiscales. Ésta es una de las cuestiones más sensibles. Así, sólo el PSOE calcula en 2,4 millones de euros (400 millones de pesetas) el presupuesto necesario para reforzar la seguridad de sus ediles y de sus sedes sociales.

El documento del PP pone el acento en la necesidad de aislar a Batasuna e insiste en la presentación inmediata de mociones de censura en los 17 municipios en los que gobierna en minoría el brazo político de ETA. Esta propuesta, que goza del respaldo del PSOE, ya fue rechazada por el PNV en la reunión que mantuvieron, el 22 de febrero, todos los partidos vascos, presididos por el lehendakari, Juan José Ibarretxe.

Las restantes medidas son similares, con algunos matices, a las presentadas por el PSOE hace tres semanas y debatidas posteriormente en la reunión con Ibarretxe. Así, en el ámbito penal, el texto del PP propone reformas ya asumidas por el lehendakari, como la personación de los ayuntamientos como acusación particular en los procedimientos penales derivados de delitos cometidos contra concejales de los partidos democráticos como consecuencia de la estrategia terrorista, y la inclusión como causa de inelegibilidad la condena, aún sin sentencia firme, por un delito de amenazas también como resultado de la estrategia terrorista.

En el ámbito electoral y local,el PP propone un número mínimo de tres suplentes sin fijar su número máximo. Con ello concilia la dificultad de formar listas en algunos municipios por la dificultad para integrar suplentes, con la posibilidad de formar listas amplias de suplentes que reduzcan la pérdida de representación. La reforma también permitirá que cuando se agote la lista de suplentes, puedan ser designados vocales gestores, a propuesta de los partidos cuyos candidatos hubiesen de ser sustituidos.

Cuando el número de gestores supere la mitad de los miembros de la corporación, ésta quedaría disuelta y se designaría una gestora. Asimismo, cuando no quedasen más candidatos o suplentes a nombrar, se podría disolver la corporación y convocar elecciones anticipadas.

El PP asume también una propuesta del Gobierno vasco consistente en garantizar la confidencialidad de los bienes y propiedades que declaren los concejales en sus registros de intereses y la obstaculización del acceso a los datos que constan en los registros públicos y el padrón.