Los partidos vascos pactan cambiar dos leyes para proteger a los ediles amenazados

La comisión técnica vasca de seguridad, integrada por todos los partidos excepto Batasuna, logró ayer un importante avance en el consenso sobre las modificaciones legales necesarias para garantizar la seguridad de los concejales y el ejercicio de su representación. En los cambios, que afectarán a la Ley Electoral General, la Ley Electoral vasca y a la normativa que regula el acceso a los registros públicos, el acuerdo quedó cerrado. La comisión se reunirá de nuevo el 18 de abril para ultimar los temas pendientes. Los partidos del Gobierno vasco se resistieron a diferenciar el trato penal a las amenazas terroristas.

Los partidos vascos, reunidos de nuevo con la consejería de Interior acordaron definitivamente algunas materias. PNV, PP, PSE, EA e IU lograron el consenso sobre diversas reformas legales en los foros que corresponda en cada caso, sea el Congreso o el Parlamento vasco.

Los partidos acordaron promover la modificación de la Ley Electoral vasca, que habrá de abordarse en el Parlamento autonómico, para hacer posible que los apoderados e interventores de los partidos en las mesas electorales no estén obligados a ser residentes en la circunscripción. Ello permitirá a PP y PSE llevar al País Vasco militantes de otros lugares de España, sin someter a los suyos al riesgo de hacerse conocidos para quienes les amenazan. Tambien se comprometieron a solicitar la modificacion de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para permitir la sustitución de los concejales dimitidos por personas que no figuraran en las candidaturas electorales cuando la lista se haya agotado sin encontar a nadie dispuesto a asumir el cargo.

También pedirán que se rebaje el número de concejales perdidos por un ayuntamiento para hacer posible su disolución y la constitución de una gestora, tal y como ha ocurrido en Zumarraga. En este momento la ley establece que se puede proceder a ello cuando en la corporación quedan menos de dos tercios de sus integrantes. Otro acuerdo fue el relativo al blindaje de la información conceniente a los concejales, por el procedimiento de restringir el acceso a los registros de la propiedad, mercantil, civil o de bienes de cada municipio.

En el capítulo de desacuerdos o asuntos no cerrados quedó, como más destacable y conflictivo, la reforma del artículo 505 del Código Penal para endurecer el tratamiento penal a las amenazas o coacciones que arroja sobre los concejales el entorno de ETA. En la anterior reunión, del 26 de marzo, la comisión estudiaba una propuesta para penalizarlas con entre seis meses y un año de cárcel. Ese cambio fue precisamente el que impidió ayer cerrar todos los acuerdos, tal y como por la mañana preveían fuentes del Departamento vasco de Interior.

Endurecimiento

Mientras el PSE y el PP creen que la modificiación debe establecer que se endurecen las penas para las amenazas terroristas, PNV, EA e IU creen que no debe diferenciarse esas amenazas de otras que por el ejercicio de su cargo pueda sufrir un edil.

El representante socialista, Víctor García resaltó la inconveniencia de equiparar un insulto o amenaza del entorno legal de ETA con la que pueda verterse contra un alcalde o edil por una 'trifulca vecinal'. Los grupos del Gobierno vasco estudiarán el tema durante la semana que media hasta la próxima reunión. Pero el portavoz de EA, Rafael Larreina, ya adelantó que ese acuerdo será difícil lo mismo que el que concierne a la petición de hacer inelegibles a las personas encausadas por terrorismo o violencia callejera, aunque no estén condenadas. Larreina lo considera inconstitucional.

También quedó sobre la mesa la personación de los ayuntamientos en las causas que se instruyan por amenazas a sus miembros. En este caso, señaló García, no se trata tanto de desacuerdo como de dificultades legales para que una corporación como tal efectúe ese personamiento.

También encuentra dificultades legales la aplicación del voto ponderado y el PSE rechaza por razones políticas y de principios la participación virtual en los plenos municipales a través del uso de nuevas tecnologías. 'El trabajo de un concejal es precisamente estar a pie de obra', adujo García, para quien ese ejercicio de la representanción 'a distancia' sería ya un triunfo de ETA.

El representante popular, Carlos Urquijo, insistió ayer, aún reconociendo la importancia de los acuerdos, en la inutilidad de todos ellos si no se adoptan medidas de mayor calado, como la ilegalización de Batasuna. El PP sigue sosteniendo que, sin ese ataque al entramado legal de ETA, todas las medidas que se adopten serán meros 'parches'. El Ministerio del Interior tampoco acudió ayer a la reunión.