Lealtades

Para que algún día desaparezca ETA es condición necesaria la eficacia policial y la diligencia judicial en su persecución. La detención de 11 dirigentes de Segi, acusados de pertenencia a banda armada e inducción de actos de violencia callejera que han provocado daños millonarios, contribuye a la derrota del terrorismo, una empresa de intimidación de la que forman parte los comandos armados, pero que comprende, como viene sosteniendo el juez Garzón, otras organizaciones legales o alegales. Para acabar con esa trama se necesita también interrumpir los mecanismos de reproducción generacional del mundo que gira en torno a ETA, y para ello es necesario deslegitimar al nacionalismo violento. La unidad de las fuerzas democráticas cumple esa función: hacer visible que existe una mayoría democrática que se resiste a la coacción de la minoría violenta.

Frente a los sectores que supeditan esa unidad a la lealtad ideológica es lógico impulsar políticas que favorezcan la unidad de acción, e incluso la imagen de unidad de todas las fuerzas que se oponen al terrorismo. Nadie puede asegurar qué táctica es la mejor para conseguir ese objetivo, aunque de la experiencia parece deducirse que hay que mantener un cierto nivel de exigencia democrática con el nacionalismo no violento. Lo absurdo es que diferencias menores sobre la forma de plasmar tal exigencia se traduzcan en enfrentamientos públicos entre las fuerzas democráticas más interesadas en recuperar esa unidad: el PP y el PSOE.

Ni Aznar ni sus ministros han dado razones de peso para rechazar el encuentro solicitado por el secretario general del PSOE para reafirmar la vigencia del Pacto Antiterrorista frente a equívocos, malentendidos y broncas que ponen en peligro su continuidad. La existencia de ese riesgo resulta tan evidente como las declaraciones enfáticas que lo niegan. Seguramente en ambos partidos hay sectores que no verían mal su ruptura; o que la consideran inevitable y tratan de prepararse para culpar al otro. Si Aznar y Zapatero son partidarios de mantenerlo, es de sentido común que se reúnan e impongan su autoridad en la defensa de sus contenidos. No es cierto que el pacto sea algo unívoco que 'no requiere interpretaciones', como dijo hace dos días el ministro Pío Cabanillas. La propuesta de desalojar a los alcaldes de Batasuna o la de ilegalizar a esta formación requieren adaptaciones de un texto que condiciona cualquier acuerdo con el PNV a su ruptura formal con Lizarra y el abandono de Udalbiltza.

Tampoco es cierto que el pacto sea un acuerdo entre varios que aplica y administra el Gobierno: su presidente no es el intérprete del mismo, como parece pensar Aznar cuando dice que el PSOE se tiene que limitar a aplicar lo escrito; o el vicepresidente Rajoy cuando sale con la idea de que, antes de hablar, el PSOE tiene que aclararse internamente. Si hay ruido, razón de más para intentar evitar que suba de tono.

La diferente interpretación sobre el sentido de lo acordado el pasado día 22, en la reunión de los partidos vascos con Ibarretxe, parece ser el motivo principal de sospecha del PP. Lo que allí se acordó no quedó claro, porque no se redactó un documento de conclusiones y las versiones orales fueron diferentes. Pero temas que se consideraron decisivos para valorar lo ocurrido parecen indicar que sí hubo avances. Por ejemplo, la constitución de una gestora en Zumárraga, contra la opinión expresa del portavoz del PNV, Joseba Egibar, o la asunción por el Gobierno vasco de la propuesta de ampliar a los concejales las previsiones legales sobre el delito de amenazas.

El PP teme que un efecto de la crisis actual de los socialistas sea un acercamiento al nacionalismo que les deje a ellos aislados en Euskadi, aunque no se produzca la ruptura formal del Pacto Antiterrorista. Pero, o bien la sospecha no tiene sentido, o sí lo tiene, y entonces se haría más necesario el encuentro entre Aznar y Zapatero. Lo incomprensible es que el presidente del Gobierno ponga en peligro ese pacto por el simple gusto de deslizar un par de frasecitas que incluyan la palabra 'bulo'.