El gran reto para diseñar el futuro de nuestra comunidad

En las últimas fechas ha vuelto a ocupar un lugar en el debate político estatal y madrileño la necesidad de abordar el Pacto Local en el conjunto del Estado y también en nuestra Comunidad. Si bien no es la primera vez que esta cuestión se pretende poner en las prioridades políticas de la región, la situación actual obliga al menos a comenzar una seria reflexión sobre el papel actual y el futuro de los Ayuntamientos en una Comunidad uniprovincial como la de Madrid.

Para analizar la situación actual de los Ayuntamientos es necesario examinar cuál ha sido el proceso de descentralización política y administrativa que se ha producido en nuestro país a raíz de la Constitución Española para intentar abordar un proceso que necesariamente será complejo pero inevitable. Durante estos más de veinte años, el gran esfuerzo se ha volcado en el proceso de construcción del llamado Estado de las Autonomías, que conlleva un amplio y complejo proceso de transferencia competencial, y también de marco de financiación autonómica, que se ha ido desarrollando y que ha permitido que hoy las comunidades autónomas estén gestionando alrededor del 45% del gasto público total frente al 12% de las corporaciones locales.

Se discutirá si queremos ayuntamientos tutelados o con capacidad de decisión

Frente a esta realidad, la situación de los Ayuntamientos ni desde el punto de vista competencial ni del de financiación ha sido abordada; bien al contrario: medidas que se han ido adoptando, como la disminución del porcentaje de cesión obligatoria de suelo a las corporaciones locales o la amenaza de eliminación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) sin prever la compensación oportuna, o la falta de revisión con criterios diferentes de la participación en los ingresos del Estado, están llevando a los Ayuntamientos españoles a soportar situaciones económicas muy difíciles y realidades competenciales que nada tienen que ver con la ley. Hoy, los Ayuntamientos hemos asumido (a veces por la propia necesidad de nuestros vecinos y otras presionados por la falta de asunción de sus obligaciones de otras administraciones competentes) funciones que la ley no nos asigna, pero que hemos realizado por sentido de la responsabilidad y para garantizar a nuestros ciudadanos, en muchas ocasiones, servicios básicos como la educación, la salud o la seguridad.

En este marco es en el que en estos momentos hablar de Pacto Local se convierte en un reto político de primera magnitud, porque es imposible hablar de la estructura territorial del Estado, o del futuro de los servicios públicos, o de la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos sin abordar el papel, las competencias y la financiación de los Ayuntamientos.

El debate del Pacto Local está hoy presente en el ámbito estatal a través de las negociaciones sobre el futuro de la financiación local y el marco competencial general, y en el ámbito autonómico porque la posibilidad de transferencias competenciales y de recursos financieros unidos a ellas corresponde, en buena medida, a las comunidades autónomas.

En nuestra Comunidad, el Gobierno regional presentó en el mes de julio del pasado año una propuesta de ley de Pacto Local, a mi juicio insuficiente por cuanto exclusivamente prevé la aprobación de un método de discusión, pero en ningún caso entra en el fondo del marco competencial y de financiación que debe regir las relaciones entre la Administración autonómica y la local.

Una comunidad tan compleja como la madrileña, en la que conviven la capital del Estado español con municipios muy pequeños, exige un esfuerzo por parte del Gobierno regional, del municipalismo madrileño y del conjunto de los grupos políticos presentes en la Asamblea de Madrid para conseguir que la solución final sea consensuada por todas las partes implicadas y que realmente el Pacto Local sea un gran acuerdo estable en el tiempo y eficaz en la gestión de lo público.

El Pacto Local que se aborde en la Comunidad de Madrid debería basarse en un esquema de trabajo en el que el ámbito competencial de cada una de las administraciones se resuelva atendiendo a la mejor disposición y condiciones de prestación de los servicios, de tal modo que los Ayuntamientos pudieran desarrollar aquellas competencias que, por cercanía y capacidad de gestión, estamos en mejores condiciones de abordar. Clarificar el ámbito competencial en la región y evitar la duplicidad de actuación en las mismas materias deberían ser consecuencias del Pacto Local, y ello exige partir de una realidad en la que los Ayuntamientos, desde hace mucho tiempo, venimos realizando funciones que no nos son propias y cuyo coste económico ha sido asumido por las arcas municipales. Competencias en materia de servicios sociales, juventud, mujer, empleo, medio ambiente, urbanismo, educación, salud, deportes, infancia, seguridad, cultura, consumo, etcétera, pueden formar parte de un amplio paquete que debe servir para llenar de contenido el Pacto Local.

El segundo gran eje del Pacto Local debería centrarse en acordar la financiación adecuada y suficiente para hacer frente a las competencias actuales y a las que podrían incorporarse en el marco de la negociación. Hablar de suficiencia financiera implica hablar del coste efectivo y real de los servicios públicos, entendidos con criterios de calidad y eficacia, pero también implica establecer un marco de financiación que contemple, tal y como establece el artículo 142 de la Constitución, la participación de las corporaciones locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Madrid.

El Pacto Local debe partir del respeto al principio constitucional de autonomía local reconocida a las corporaciones locales. Los Ayuntamientos no deben ser considerados como administraciones menores, sino como administraciones con plena capacidad legal para abordar sus competencias, con una amplia experiencia de gestión y con la suficiente responsabilidad política e institucional a la hora de asumir su papel. Se trata de realizar un auténtico proceso descentralizador político y administrativo hacia las corporaciones locales que huya del tutelaje y la desconfianza.

La Comunidad de Madrid tiene la oportunidad de abordar este proceso, quizá en mejores condiciones que otras comunidades autónomas, por ser una comunidad uniprovincial en la que las relaciones entre administraciones son fluidas, en la que el municipalismo madrileño ha dado muestras sobradas de su talante negociador y de la búsqueda de consensos, y en la que el Gobierno regional ha mostrado su voluntad e interés en iniciar el proceso de construcción del Pacto Local.

Creo que todos tenemos la obligación de contribuir a este proceso imprescindible para abordar los graves problemas económicos que hoy soportan los Ayuntamientos, para clarificar las competencias de cada uno y para evitar desencuentros como la imposición unilateral de tasas por parte de la Administración regional, o la elaboración de normas que obligan a los Ayuntamientos a adelantar recursos municipales para cumplir competencias regionales que no han redundado en el buen entendimiento entre Administraciones.

Por último, me gustaría señalar que el debate del Pacto Local no debe ser ni es un debate de reparto de poder, debe ser un debate que se centre en las necesidades de los ciudadanos madrileños, en su participación en la gestión de lo público, en la profundización de la democracia local. Lo que realmente se discutirá será si queremos Ayuntamientos con solvencia económica y recursos suficientes para servir a los ciudadanos, si queremos Ayuntamientos tutelados o con capacidad de decisión, si queremos en definitiva acercar la gestión a la ciudadanía o no.

Esta oportunidad de diseñar el futuro de nuestra región es, sin duda, un gran reto. Espero y confío en que la generosidad, el consenso y el reconocimiento mutuos marquen este proceso y lo lleven a buen fin.

Montserrat Muñoz de Diego es alcaldesa de San Fernando de Henares, vicepresidenta de la Federación Madrileña de Municipios y responsable de IU para el desarrollo del Pacto Local.