La Eurocámara propone crear el 'estatuto de región asociada a la Unión'

Las regiones europeas gestionan entre el 60% y el 70% de los programas comunitarios europeos y, aunque siguen siendo 'oficialmente ignoradas', ha llegado el momento en el que 'no puede seguir silenciándose en los textos fundadores el problema de las regiones dotadas de competencias legislativas'. Así lo expone en un informe que debe votar el Parlamento Europeo (PE) el eurodiputado francés Alain Lamassoure, quien propone que esas regiones tengan el 'estatuto de región asociada a la Unión' con el derecho a ser consultadas por la Comisión en asuntos que les afecten o a presentar recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Lamassoure, vicepresidente de la UDF integrado en el Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) y presidente del área metropolitana de Bayona-Anglet-Biarritz (País Vasco francés), es el ponente del informe sobre el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros, una cuestión especialmente sensible en España por las consecuencias para el papel que deben desempeñar las regiones. Una vez aprobado en el PE, el informe será trasladado a la Convención sobre el futuro de Europa.

En el documento, presentado ya oficialmente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Lamassoure recuerda que en casi la mitad de los Estados de la UE (España, Alemania, Reino Unido, Italia, Bélgica y Austria) hay regiones con capacidad legislativa, por lo que el Tratado de la Unión 'no puede seguir ignorando la función de estos interlocutores particulares' para los que pide ese estatuto especial, que incluiría también el derecho a tener representantes permanentes en el Comité de las Regiones de la UE. La participación de las regiones en el Consejo de la Unión, que hoy reclaman líderes de varias autonomías españolas contra la opinión del Gobierno, 'debe seguir dependiendo exclusivamente de la decisión de los Gobiernos', señala Lamassoure. Añade que tal propuesta ha levantado una fuerte polémica entre quienes la apoyan, como los líderes de países federales o numerosos dirigentes regionales y otros 'que son hostiles por principio a cualquier mención de las colectividades infraestatales'.

Defiende que, cuando la Comisión Europea lance iniciativas legales sobre asuntos que afecten a las competencias de determinadas regiones, se cuente con la opinión de éstas. 'Es lo que parece demandar el mero sentido común', agrega.

Transposición de la ley

Asegura también Lamassoure que los problemas que surgen en competencias compartidas entre las instituciones de la UE y los Estados 'no sólo conciernen al Estado central, sino también a las entidades regionales'. 'Ahora bien', continúa, 'dado que éstas son ignoradas por la Comisión, los incidentes de concepción, aplicación o transposición de la ley común se han multiplicado últimamente'.

El problema, opina el eurodiputado, se agravará tras la prevista ampliación de la UE al Este y al Sur, porque se incorporarán pequeños Estados con menos población y peso económico en la Unión que varias de las actuales regiones con capacidad legislativa y hasta ahora sin voz en la UE.