De la inutilidad al ridículo

Ayer asistí al debate radiofónico que mantuvieron Ramon Camp y Joaquim Nadal, portavoces respectivos de CiU y del PSC-CpC, en el programa matinal que dirige Josep Cuní en Ona Catalana.

El tema que estaba sobre la mesa era el 'aprofundiment de l'autogovern'. Camp defendía el reciente documento elaborado por CiU, y Nadal el acuerdo aprobado en diciembre por su grupo parlamentario junto con ERC e IC. La discusión entre ambos parecía, en algún momento, tensa y acalorada. Una persona que no entendiera el tema que trataban podía pensar que estaban en posiciones distantes. Y sin embargo, más parecían dos militantes del mismo partido que están de acuerdo en las posiciones de fondo y difieren en la táctica que adoptar que los portavoces del partido en el Gobierno y del primer partido de la oposición.

Salí a la calle, tomé un café en un bar, hablé por teléfono con algún amigo y nadie parecía estar preocupado por el problema que con tan apasionado ardor discutían los dos políticos a través de las ondas. ¡Qué extraño país éste, en el cual las disputas entre políticos están tan alejadas de las preocupaciones del hombre común!

Antoni Puigverd decía hace unos días en estas páginas que en los programas de los partidos, cuando menos en el programa del partido socialista, hay planteamientos diversos sobre temas muy distintos a éste. No hay duda de que tiene razón. En los programas de los partidos hay soluciones para todo. Lo que sucede es que nadie los lee y, dado su inevitable tono generalista, no suelen diferir en mucho. En cambio, los ciudadanos más o menos preocupados por la cosa pública sí leen, por lo menos, los titulares de los periódicos, ven las noticias de televisión y escuchan los debates de radio. Y los políticos deben saber que, en nuestro peculiar país, cualquier planteamiento sobre cuestiones de autogobierno tendrá prioridad sobre el resto, que -seguro- desaparecerá del mapa mediático.

¿Cree en realidad el partido socialista que la reforma de la Constitución y del Estatuto, además de las reformas de otras leyes estatales y autonómicas, está en el centro de las preocupacioes de los ciudadanos y es la tarea más urgente que debe llevar a cabo? Porque si no lo cree es una grave irresponsabilidad haber planteado un proyecto a seis años vista junto con un partido como Esquerra que, precisamente sobre esta materia, tiene ideas de fondo muy distintas que aseguran, en los seis años que faltan, continuos desencuentros y roces, muy semejantes a la reciente designación de Borrell como representante en la convención europea o a la votación en el Parlamento Europeo del Plan Hidrológico. Y es una grave irresponsabilidad porque saben perfectamente que en esta materia siempre tendrán mayor credibilidad los partidos nacionalistas que se presentan como tales que un partido cuyo referente estatal es el PSOE. ¿O es que los socialistas son tan ingenuos que no se esperaban que CiU haría también un plan para ampliar el autogobierno que, en definitiva, es su principal razón de ser como partido nacionalista?

Con lo cual, sin moverse de la 'baldosa', como dice Ramoneda, 'encerrados con un solo juguete', como decimos Jordi García Soler y yo mismo, remedando el título de la novela de Juan Marsé, seguirán ganando los mismos y, reverso de la moneda, seguirán perdiendo los de siempre. Mientras, la política catalana sigue aportando novedades del mayor interés que quedan arrinconadas por nuestro único juguete favorito. Algunas merecen un comentario.

Por un lado, la mayoría parlamentaria formada por CiU y el PP ha desestimado formar una comisión de investigación sobre la participación de Josep Pujol Ferrusola y la empresa que ha asesorado el cierre de la multinacional Lear. La actitud resignada e inerme del Gobierno de la Generalitat ante tal hecho parecía rara, aunque podía atribuirse en un primer momento a su habitual incompetencia. Pero la implicación del hijo del presidente Pujol hace sospechar cosas peores que CiU debería ser la primera interesada en investigar y aclarar. Sin embargo, tendrán que ser los medios de comunicación los que ayuden a ello ante la negativa de las instituciones políticas competentes.

Por otro lado, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la resolución por la cual se atribuía a dos empresas privadas muy concretas, propiedad de Aguas de Barcelona, el monopolio de determinados controles medioambientales, merecería también otra comisión de investigación, ya que las sospechas de trato de favor a estas empresas parecen más que evidentes. Ahora bien, ello no parece interesar a nuestros políticos, tan obsesionados con su monotema de siempre.

Sin embargo, ambas cuestiones afectan a la moralidad pública, al buen nombre de las instituciones políticas, tema éste que sí preocupa a la ciudadanía y sobre el cual hace muchos años que existen todo tipo de rumores sin confirmar sobre los que no hay una información solvente. Recordemos, además, que también CiU y el PP han impedido que en esta legislatura prosperasen otras tres comisiones de investigación, acerca del caso Pallarols, el caso Olé y el caso Turismo, sobre los cuales tampoco ha emitido todavía su informe la Sindicatura de Cuentas. Todo tapado y bien tapado.

Mientras, el Parlament sí ha constituido, por acuerdo unánime de todos los grupos, una comisión sobre un tema tan concreto y en estos tiempos tan poco estudiado como es la globalización. No sé si han leído esta patética noticia, pero les aseguro que es cierta. Nuestro Parlament legisla poco, controla menos y no investiga nada. Pero ahora se le ocurre hacer una comisión para tratar de una materia que es propia de seminarios de universidad, institutos académicos o instituciones públicas con otro carácter: en cualquier caso, no de una institución como el Parlamento.

Nuestro Parlamento, normalmente un balneario, será en esta comisión lo más parecido a un centro de estudios o a una ONG. Que vayan con cuidado. Las instituciones públicas pueden equivocarse, pero no hacer el ridículo.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.