Inseguridad oficial

Entre las razones dadas por el Gobierno para explicar el sustancial aumento de la delincuencia durante 2001 -un 10,52% más que en 2000, según Interior-, ninguna le señala como responsable de ese deterioro. La escalada de actos delictivos se debería a factores ajenos a su política de seguridad ciudadana; ninguna falla cabe atribuirle por la degradación sobrevenida en este servicio básico: ni disminución creciente del gasto en seguridad, ni reducción paulatina de las plantillas policiales, ni transferencia a la seguridad privada de cometidos de la pública. La falta de autocrítica del Gobierno alcanza niveles extravagantes.

En su respuesta escrita a una pregunta parlamentaria del PSOE señala cuatro causas para explicar el aumento de la delincuencia: la inmigración irregular, la escasa valoración penal de la multirreincidencia en el delito, la facilidad de denuncia por teléfono y a través de Internet y la exigencia de las compañías de seguros de presentar denuncia para cobrar indemnizaciones. Son causas a considerar, pero manifiestamente insuficientes como explicación global. Hacen, además, una amalgama entre delincuencia real y meramente estadística, que crea confusión, como si el Gobierno pretendiera demostrar que el aumento está más en las denuncias que en los hechos delictivos. No es cierto, en todo caso, que el incremento de las denuncias sea cosa de ahora o de la tecnología: hace años que aumentan las registradas en comisarías.

El Gobierno considera que la escasa valoración penal que, a su juicio, se otorga a la multirreincidencia en el delito constituye un factor relevante. Pero da la impresión de que se refiere más al detenido una y otra vez por delitos de escasa entidad, y que es puesto en libertad por el juez, que al condenado en sentencia penal firme que vuelve a delinquir. Frente a la multirreincidencia primera sólo cabe un juicio inmediato: la prisión preventiva no es aplicable a ese tipo de delitos, y menos si no media condena previa. El Gobierno debería aclarar su mensaje en este punto.

La causa que guarda más relación con el espectacular aumento de la delincuencia es la inmigración irregular. Pero, aparte de dar cifras y porcentajes de extranjeros detenidos -un incremento del 39,61% en 2001-, el Gobierno no debería ocultar que en ese año, primero de vigencia de su Ley de Extranjería, se ha creado una bolsa de unos 200.000 inmigantes irregulares, impedidos de recurrir a medios de vida legales por la negativa a regularizar su situación y a los que no se expulsa por desconocer su país de procedencia. Quizás por ello algunos portavoces oficiales han calificado a veces de delincuencia de supervivencia la producida en ese ámbito. En todo caso, no explica que España se haya convertido, con una inmigración menor que la media, en el tercer país de la UE en incremento de criminalidad, incluyendo la mayor tasa de homicidios por habitante.