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Dos asociaciones critican la suspensión de los jueces que reciban una querella

Preocupan las consecuencias del 'caso El Negro'

La suspensión de funciones a los jueces por la simple admisión a trámite de una querella sigue provocando reacciones. En una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, las asociaciones Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria critican la decisión del sector mayoritario del Consejo -incluido su presidente- de suspender a los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional que excarcelaron al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, El Negro. Lo consideran una 'grave amenaza' para su inamovilidad.

La carta al presidente del Poder Judicial va firmada por Carlos Granados Pérez, de la Francisco de Vitoria (FV), y Miguel Carmona Ruano, de Jueces para la Democracia (JpD), y en ella se quejan de que la decisión de suspender de funciones a los tres jueces de la Operación Temple 'introduce una grave amenaza para la inamovilidad de los jueces, que es una garantía esencial de la independencia'.

Según las asociaciones signatarias, 'de mantenerse el criterio que ahora se introduce rompiendo todos los precedentes', a partir de ahora bastaría con que una parte, pública o privada, disconforme con una resolución presente una querella contra un juez y que el órgano penal competente para investigar los hechos la admita a trámite para suspender de funciones a un juez.

Las dos asociaciones afirman que ese riesgo de ser suspendidos de funciones tendría 'dos efectos igualmente indeseables' entre los jueces. 'O bien el tribunal penal, para evitar tal riesgo, decide la inadmisión de la querella, cercenando la posible investigación, o bien, por el contrario, la suspensión de funciones y el apartamiento del juez del caso está en manos de cualquier parte, sean cuales fueren sus intenciones al pretenderla'.

Los magistrados de JpD y FV no creen que sea 'jurídicamente posible' establecer criterios distintos según cuál sea la parte que haya tomado la iniciativa de la persecución penal.

En su carta, las dos asociaciones aseguran que no objetan en absoluto que la independencia haya de ser compatible con la responsabilidad ni se oponen a la investigación de cualquier posible irregularidad y a las exigencias de las responsabilidades que pudieran desprenderse de tal investigación.

Después recuerdan al presidente del Poder Judicial que cuando la Sala de lo Penal del Supremo admitió a trámite la querella contra los jueces de la Sección Cuarta 'tuvo especial cuidado en especificar que, suprimido el antejuicio, la apertura de un proceso penal era la única forma de investigar los hechos y determinar si existían o no motivos para proceder contra los magistrados'. 'En ningún momento declaró el Tribunal Supremo que existiesen aún tales motivos', agregan.

Las dos asociaciones piden al presidente que transmita su preocupación a los vocales del Consejo, 'órgano que tiene encomendada la preservación y garantía institucional de la independencia de jueces y magistrados'.

Según fuentes de las asociaciones signatarias, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) rechazó firmar el comunicado conjunto. La suspensión de funciones de los jueces que excarcelaron a El Negro fue decidida con los votos del presidente, Francisco Hernando, los vocales de la APM, el de CiU y el independiente Agustín Azparren. Los vocales progresistas y el conservador Adolfo Prego pidieron que los magistrados no fueran suspendidos hasta que se decretase su procesamiento, como en el precedente del caso Liaño.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de marzo de 2002