Dos vocales acusan a una parte del Poder Judicial de criminalizar a los jueces

Dos vocales del Poder Judicial, elegidos a propuesta del PSOE, acusan a la parte del Consejo designado por el PP, de tratar de 'criminalizar' a los jueces de la Audiencia Nacional Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, que el pasado 22 de diciembre pusieron en libertad bajo fianza de 30.050 euros (5 millones de pesetas) al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, Carlos el Negro, quien aprovechó para fugarse.

Estos vocales consideran que los hechos son muy graves, pero estiman que el Gobierno quiere apartar a los tres magistrados utilizando este pretexto, cuando en realidad el malestar del Ejecutivo contra ellos procede de sus resoluciones en el caso Ekin, en el que dos de los magistrados, Cezón y López Ortega, pusieron en libertad a varios acusados de formar parte del aparato político de ETA, en contra del criterio del juez instructor Baltasar Garzón y el fiscal Enrique Molina.

Querella preparada

Los progresistas consideran que el sector conservador ha utilizado la institución del Consejo para facilitar el camino al fiscal general del Estado en la presentación de una querella contra los tres magistrados, por presunto delito de prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta), pero por imprudencia grave. Querella que según informó un vocal conservador, ya estaría preparada.

La oficina del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, no quiso confirmar ni desmentir ese extremo, ni tampoco si el documento se había ya presentado. La querella no fue presentada ayer en el registro del Tribunal Supremo, único órgano competente para enjuiciar a los magistrados de la Audiencia Nacional, según informaron fuentes del alto tribunal.

Aunque el acuerdo de la Comisión Permanente se adoptó por unanimidad, los vocales José Antonio Alonso y Javier Martínez Lázaro firmaron un voto particular en el que expresan que 'constitucional y legalmente el Consejo General del Poder Judicial sólo tiene competencias disciplinarias, para la indagación y eventual sanción de hechos de tal naturaleza disciplinaria'. Asimismo, el voto agrega: 'Para la investigación y enjuiciamiento a cualquier nivel, de cuestiones de naturaleza jurídico-penal, la única instancia competente, desde la Constitución y las leyes, es la jurisdicción en sus diversas proyecciones (fiscal, jueces y tribunales) a través del proceso penal y con las garantías del mismo, particulamente la presunción de inocencia. Nunca el Consejo General del Poder Judicial'.

Los vocales citados insisten en que esos terrenos deben estar siempre deslindados para reafirmar los valores y el reparto de poder regulado en la Constitución.