El fiscal mantiene la petición de 5 años para Cartagena por malversar
Romero sostiene que el ex alcalde Orihuela 'ideó una burda coartada' para justificar el dinero de las monjas
El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, acusó ayer a Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas y ex alcalde de Orihuela, del PP, de 'idear una burda coartada' para justificar el uso de 49.082 euros (8.166.624 pesetas) que recibió de una congregación religiosa. Al término de la vista, celebrada en Elche, el ministerio público mantuvo la petición de 4 años para Cartagena por malversación y uno por falsificación. El fiscal también solicitó un año de prisión por falsificación para el segundo procesado, el empresario Ángel Fenoll.
El proceso judicial al ex alto cargo público del PP y al empresario Fenoll, a su vez militante de esta formación política, comenzó en 1998, a raíz de una denuncia del PSPV ante la Fiscalía Anticorrupción. Cuatro años más tarde el caso quedó visto para sentencia en la sección séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Eche.
Los hechos ocurrieron en 1993, cuando Cartagena ocupaba la presidencia del Ayuntamiento de Orihuela. Según ha reconocido el procesado ante el tribunal, las monjas de la Congregación de las Carmelitas le entregaron los ocho millones de pesetas en concepto de superávit de la gestión del Hospital Municipal San Juan de Dios, que cerró en esa fecha. Cartagena sostiene que el dinero se lo entregaron a título personal y no por su condición de alcalde, a cambio de que lo destinara a obras sociales. El ex alcalde admitió que no ingresó el dinero en las arcas municipales y que lo guardó en un armario de la alcaldía. Cartagena mantiene que el donativo lo empleó en la financiación del sobrecoste de un proyecto social, en concreto para 'incentivar' el desalojo de varias familias gitanas del centro de la ciudad y la restauración de las viviendas que ocupaban.
El proyecto comenzó en 1992 con la compra de las viviendas a los gitanos por parte del Ayuntamiento a 10.000 pesetas el metro cuadrado. Al año sieguiente se adjudicó al empresario Fenoll la restauración de las casas por 4,7 millones. El ex calde asegura que la iniciativa conllevó un sobrecoste, pagos extras a los gitanos para que dejaran las casas y exceso de obra en la restauración, que cubrió con el donativo de las religiosas. El pago lo efectuó mediante tres recibos expedidos por Fenoll a nombre del Ayuntamiento.
En su informe final, el fiscal aseguró que los recibos son falsos. 'Fueron elaborados en 1998, como burda coartada del empleo del dinero', señaló. La acusación pública sostiene que los recibos son falsos porque el socio de Fenoll no los reconoce como auténticos y por la 'extraña y matemáticamente imposible' coincidencia de la suma final de los mismos con el donativo.
El ministerio público, además, insistió en la condición pública del dinero que entregaron las monjas al Ayuntamiento, 'en su origen, en su tránsito y en su destino', precisó. El fiscal mantiene que el dinero fue entregado, inicialmente, al entonces concejal de Servicios Sociales, 'por su condición de cargo público' y también abundó en el carácter público de su procendencia: 'Un centro cuyo mantenimiento sufragaba el Ayuntamiento e, incluso, remuneraba el trabajo de las monjas'.
El fiscal jefe, en su escrito final de calificación, incluyó, subsidiariamente, junto a los delitos de malversación y falsificación, el de apropiación indebida en base a artículos del Código Penal de 1973 y 1995 que, a su juicio, no han prescrito en el supuesto de que el Tribunal optara por dictar una sentencia condenatoria.
Mientras, las defensas solicitaron la absolución de los procesados. Ambos letrados insistieron en el cáracter privado de la donación y, además, en que el uso que se hizo 'no supuso ningún menoscabo para el patrimonio municipal'. 'El dinero de las monjas se invirtió en la restauración de unas casas, propiedad de Ayuntamiento', añadió Francisco Boix, abogado de Cartagena.
Mientras, José Luis Ortuño, letrado de Fenoll, insistió en que el fiscal no ha probado la supuesta falsedad de los recibos que el empresario emitió a nombre del Ayuntamiento como pago por el exceso de obra. Esta parte trajo a colación un informe de la policía científica, según el cual resulta imposible verificar la autenticidad o no de las facturas.
En la sesión de ayer también declaró, en calidad de testigo, José Manuel Medina, actual alcalde de Orihuela, y primer teniente alcalde de la corporación cuando ocurrieron los hechos. Medina reconoció que en su día tuvo conocimiento del donativo de las monjas. Sobre los recibos, Medina subrayó que con motivo del traspaso de poderes, en 1995, Cartagena le habló de su existencia y se los mostró. Ayer, el alcalde no precisó si se trataba de los mismos recibos que obran en la causa: 'Por su tamaño, quizás', dijo.
