Política y estadística

La presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), Carmen Alcaide, ha lanzado varios mensajes en su comparecencia ante el Congreso para explicar la nueva metodología para la elaboración del IPC (índice de precios de consumo), cuyo primer efecto ha sido una fuerte confusión en el mes de enero. Asegura la responsable directa de la estadística oficial española, una excelente técnica, que estamos ante un IPC más adecuado a la realidad. Es casi seguro que tiene razón, y para eso se modifican los criterios de medición de los precios, siguiendo las normas europeas y tratando de adecuar la ponderación de los productos a los hábitos reales de consumo. Y advierte que con este nuevo IPC deberemos acostumbrarnos a oscilaciones mensuales más fuertes, de forma que en febrero o marzo -por ejemplo, cuando se anulen las ventajas de las rebajas- las subidas pueden ser de seis, siete u ocho décimas. También esta explicación es defendible, aunque suene al conocido refrán 'ponerse la venda antes de la herida'.

Lo que es más discutible es que el INE, un organismo técnico, se niegue a facilitar la serie del IPC de 2001 con los nuevos parámetros, con el argumento de que no pueden publicarse dos cifras oficiales de IPC por las consecuencias legales que tendría en los contratos ligados a la evolución de los precios. Ése no es su problema. No se entiende por qué el Gobierno no puede determinar cuál es la serie estadística que tiene fuerza jurídica y hacérselo saber a los agentes económicos y sociales, con independencia de que se publique la serie histórica y los nuevos datos. Si así se hubiera hecho, se habrían tenido más elementos para saber lo que realmente ocurre con los precios en la coyuntura española. No es posible aceptar en este caso las explicaciones de la presidenta del INE.

Tampoco parecen oportunas las quejas de Carmen Alcaide por la 'utilización política' de las estadísticas, poque la opinión pública y los partidos tienen derecho a debatir sobre los antecedentes y las consecuencias de las cifras. Eso es, por fortuna, política. La credibilidad de las estadísticas españolas, muy deteriorada desde 1996 por el manejo que de ellas ha hecho sistemáticamente el Ejecutivo, no sufre porque se pidan aclaraciones o se critiquen los métodos de difusión de los indicadores, sino por la pertinacia en utilizar las mejoras estadísticas como si fueran avances reales de la economía. Si hay ejemplos de utilización política de los datos, el maestro es el Gobierno. Lo ha demostrado sobradamente.