Lear, una crisis de larga gestación

El caso Lear estalló hace tres semanas y se acercará en las próximas a su momento decisivo. Pero la historia de la crisis empezó hace muchos meses, generando también un debate sobre el futuro incierto que le espera al uso de mano de obra barata en los países desarrollados. La empresa trabaja para el sector del automóvil y comunicó el 8 de febrero su decisión de cerrar 21 plantas en todo el mundo, incluida la de Cervera y el despido de sus 1.280 trabajadores.

El pasado fue un mal año para el sector del automóvil y también para Lear, que trabaja para éste. La multinacional norteamericana proyectaba desde antes del verano la adopción de medidas drásticas. En Europa -que absorbe un un tercio de su producción- las ventas de coches se han estancado, con un aumento de apenas el 0,6%, y las previsiones apuntan a un descenso este año. En Estados Unidos -que absorbe la mitad de las ventas de Lear junto con Canadá- se prevé una caída de las ventas de coches del 10% al 15% en este ejercicio.

Tinkle se encarga de la prensa, y el bufete Abella de la defensa jurídica de la compañía

Lear no ha entregado aún a la Generalitat la preceptiva petición de cierre

Los ingresos totales de Lear bajaron el 3,2%, hasta 13.624,7 millones de dólares (unos 2,5 billones de pesetas). Sus beneficios cayeron espectacularmente, desde 274,7 millones de dólares el año 2000 hasta 26,3 millones el año pasado. Peor aún: en el último trimestre de 2001 registró unas pérdidas de 48,8 millones de dólares (9.300 millones de pesetas).

La multinacional alegó el descenso de los pedidos para cerrar plantas y no ocultó su proyecto de trasladar parte de la producción de Cervera, que fabrica cables eléctricos para coches, a Polonia. La mayoría de los trabajadores de Lear en Cervera son mujeres y tienen un sueldo medio de apenas 643 euros (107.000 pesetas al mes), mientras que en Polonia los salarios del sector no llegan a la mitad que en Cervera.

La gestión de la crisis se organizó a 6.000 kilómetros de esa ciudad. En un despacho de la sede central de la multinacional en Southfield (Estados Unidos), el presidente y primer ejecutivo de la compañía, Bob Rossiter, tomó, rodeado de su equipo, la decisión de clausurar 21 plantas en el mundo, entre ellas la de Cervera.

En España, la empresa, que se despliega en las plantas de Cervera, Vigo, Roquetes y Valls, no ha alegado hasta ahora causa económica para cerrar. Ganó 318 millones de euros (52.900 millones de pesetas) entre los años 1992 y 2000. Y aunque no no ha facilitado los resultados del año pasado, el comité de empresa asegura que la planta de Cervera tuvo unos beneficios de 7,8 millones de euros (1.300 millones de pesetas).

La dirección española se ha servido de asesores externos para afrontar la crisis ante el Gobierno catalán, que tiene competencias para autorizar o denegar el cierre. También para dirigirse a los medios de comunicación. Antes del verano de 2001, el consejero delegado de Lear en España, el mexicano Miguel Herrera Lasso, no conocía el calado exacto de la crisis y sus consecuencias, pero su casa matriz ya le daba señales de alarma y sabía que tendría que tomar medidas drásticas. El consejero delegado planteó los problemas que se le avecinaban a responsables del Departamento de Industria -que encabeza Antoni Subirà-, según distintas fuentes consultadas por EL PAÍS. La empresa, por su parte, declina comentar este extremo.

El tiempo apremiaba. Lear acabó por contratar, varios meses antes del estallido de la crisis, los servicios de la consultora Europraxis. Ésta es una de las más grandes compañías del sector de capital español, pero por norma declina publicitar el nombre de sus clientes. Desde final del año pasado, el dueño de Europraxis es Indra. En Europraxis, con oficinas en Barcelona y Madrid, trabaja Josep Pujol Ferrusola, hijo del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Éste y otros directivos fueron antes socios de la empresa, pero el 1 de enero de 2002 quedaron como ejecutivos tras vender sus acciones a Indra. 'Europraxis hizo trabajos de consultoría estratégica aconsejando los pasos a seguir por Lear, aunque es la dirección de ésta la que toma las medidas', asevera una fuente que conoce la práctica de la relación comercial entre Lear y Europraxis. Qué planteaban y para qué sirvieron los informes de esta consultora es algo aún ignoto. Josep Pujol afirma a EL PAÍS que se ha 'abstenido de realizar gestiones respecto al asunto Lear' y subraya que, tras vender sus acciones a Indra, ahora es 'sólo un empleado' de la empresa.

A finales de 2001, previamente al estallido de la crisis, Lear tanteó a algunas empresas de comunicación empresarial y, tras barajar al menos dos ofertas, acabó contratando los servicios de la empresa Partners Comunication Consulting, dirigida por Ignacio Rufin. Esta empresa se encarga de la relación de Lear con la prensa y, a su vez, subcontrató a la sociedad Tinkle, especializada también en comunicación con los medios, para que le ayudara en el caso Lear. Tinkle está dirigida por Xavier Curtichs, tiene oficinas en Barcelona y Madrid, y emplea a una veintena de personas. Curtichs también asesora en materia de comunicación al conseller en cap, Artur Mas, 'tras ganar el correspondiente concurso', explica su director. También ha trabajado para el Ayuntamiento de Barcelona, en la comunicación del Fórum 2004.

Lear contrató asimismo los servicios de un gabinete jurídico para que se ocupara de sus asuntos legales. Se trata del despacho de la letrada María José Abella, representante legal de la empresa ante la Generalitat.

La compañía no ha presentado aún la documentación que exige la ley para justificar el cierre de la planta. La patata caliente la tiene el Departamento de Trabajo de la Generalitat. La norma fija un mes para que la Administración autonómica resuelva y la empresa dispone de 15 días adicionales, si no acepta la decisión, para recurrir a los tribunales. Pero el calendario aún no se ha acelerado. Tres semanas después de estallar la crisis, ésta parece empantanada. La empresa sólo ratifica lo que decidió hace tiempo la cúpula de la multinacional. Y el mensaje a los trabajadores permanece inalterable desde el 8 de febrero: 'La planta de Cervera quedará cerrada'.