El Supremo congela

El Gobierno ha logrado que el Tribunal Supremo le dé la razón en el espinoso asunto de la congelación salarial de los funcionarios durante el año 1997, y lo ha conseguido en un tiempo inusualmente rápido en el ámbito de la justicia. Hace apenas un año, la Audiencia Nacional, en una sentencia que a juicio del Gobierno invadía sus competencias y las del Parlamento, declaró nula dicha congelación y reconoció el derecho de los funcionarios públicos a percibir el incremento de retribución equivalente al IPC previsto en los Presupuestos de ese año, más las cantidades dejadas de cobrar en los años siguientes como consecuencia de la no aplicación de dicho incremento.

El ahorro que va a suponer el fallo del Supremo se calcula en unos 3.000 millones de euros -medio billón de pesetas-, que es lo que dejarán de percibir los funcionarios públicos, consolidando con ello la decisión tomada por el primer Gobierno de Aznar. El fallo será recurrido ante el Constitucional por CC OO, por supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Pero ello no ha impedido que el vicepresidente Rajoy, firmante del decreto de congelación cuando era ministro de Administraciones Públicas en 1997, lo haya calificado de 'lógico y de sentido común'.

Habrá que ver qué argumentos utiliza el Supremo para desmontar convincentemente los que la Audiencia Nacional esgrimió en su sentencia -algunos de ellos, muy endebles- para estimar la pretensión de los funcionarios públicos. La reclamación, más por desidia o dejadez del Gobierno que por falta de argumentos, desbordó desde sus inicios lo que es una mera 'cuestión de personal' para convertirse en un asunto jurídico y político de envergadura sobre el derecho a la negociación colectiva en las administraciones públicas y el contenido y límites de la Ley de Presupuestos.

El Supremo ha reconducido de nuevo el tema a 'una cuestión de personal', pero siempre quedará la duda de si lo ha hecho para facilitar la impugnación de una sentencia en principio no recurrible. El Gobierno ha dado la impresión de querer utilizar al Supremo contra la Audiencia Nacional en un asunto crucial de su política presupuestaria, forzando al límite la vía de los recursos. Una vez más, su arrogancia o imprevisión (no tomar en serio en sus inicios el recurso sindical) ha rebotado en los jueces, echando sobre ellos la responsabilidad de desenredar la madeja de expectativas -y ahora de posibles frustraciones- que se había ido creando en estos años en el ámbito funcionarial.