Aznar quiere que el reparto de competencias sea asunto interno

El Gobierno de José María Aznar, que consideró desde un principio que la Conferencia Intergubernamental para la reforma de la UE de 2004 era poco más que un capricho de Berlín para definir el reparto de sus competencias con los länder (Estados federados alemanes), aborda ahora la apertura de la Convención desde posiciones antitéticas a las alemanas. Para comenzar, ya se aseguró en diciembre de 2000, en el propio Consejo de Niza que aprobó la convocatoria de 2004, que la distribución de competencias dentro de cada Estado sea un asunto puramente interno y ajeno a la Convención.

Las diferencias, según se deduce de las exposiciones del proyecto español hechas sucesivamente por el presidente del Gobierno, por el ministro de Exteriores, Josep Piqué, y por el secretario de Estado para Europa, Ramón de Miguel, comienzan por el método. Madrid es partidaria de constitucionalizar los tratados vigentes, incluyendo ellos la Carta Europea de Derechos Humanos, pero considera absolutamente inoportuno emprender el diseño de una Constitución nueva, sea ésta única o doble, para una realidad europea que aún no se ha terminado de definir, ni siquiera en sus fronteras. En ese sentido, el propio Aznar se ha declarado repetidamente contrario a un debate 'nominalista' entre modelos federales o intergubernamentales, que, sostiene, pierden sentido fuera del ámbito de un Estado. También es contrario a que se redacte un catálogo 'rígido' o 'cerrado' de competencias comunitarias.

El procedimiento, afirman los portavoces españoles, debe seguir siendo el tradicional comunitario tal y como lo concibió Robert Schumann: realizar avances concretos hacia la integración allí donde se pueda, sin preocuparse tanto por el diseño final. En ese sentido, el objetivo español de 'más Europa', lema de la actual presidencia, se opone frontalmente a las propuestas alemanas de renacionalizar políticas. En un reciente encuentro con altos funcionarios alemanes patrocinado por la Fundación Berstelman, Ramón de Miguel razonó que reformar no es renacionalizar, ya que este término significa mantener las mismas políticas, pero a nivel estrictamente nacional, de manera que Alemania seguiría subvencionando a sus agricultores en mayor medida que otros Estados que carecen de medios. Eso, añadió, no hay mercado común que lo resista.

Mayor eficacia

El Gobierno reconoce, por otro lado, la necesidad de reformar las instituciones comunitarias para darles eficacia, pero en un sentido continuista. El Consejo debe seguir siendo el órgano rector, y no puede ser convertido en una segunda Cámara de los Estados. La Comisión debe retener su papel integrado y el monopolio de la iniciativa legislativa, respondiendo ante el Parlamento Europeo, de manera que la elección por sufragio universal de su presidente debe ser totalmente descartada.