Sobre ríos, vertidos y gestión ambiental

Durante las últimas semanas del pasado año y las primeras de este 2002 hemos tenido ocasión de asistir a varios episodios de vertidos de aguas residuales con una elevada carga contaminante en distintos ríos catalanes. Han sido vertidos incontrolados y no han cumplido los requisitos legales exigidos, lo cual permite calificarlos de vertidos salvajes, si bien algunos de ellos han sido definidos como vertidos accidentales, extraordinarios, involuntarios, etcétera; pero en cualquier caso han originado un daño, aún por evaluar, a los propios ríos y a la fauna y flora de los cauces fluviales donde han acabado desembocando. En prácticamente todos los casos, la Administración ha abierto expediente informativo ante las evidencias de que pueda tratarse de una infracción administrativa. En algún vertido, la Administración ha tenido que paralizar sus actuaciones y comunicar a la fiscalía los indicios de delito ecológico con los que se estaba encontrando para que ésta iniciara sus diligencias por la vía penal.

Más allá de que se trate de episodios esporádicos o simplemente accidentales, de que la Administración haya abierto inmediatamente expedientes informativos o de que la fiscalía tenga que trabajar casi a destajo, los interrogantes se acumulan y rozan la alarma social. Las respuestas a esta lamentable situación probablemente requieren una explicación razonada, lejos del alarmismo y el catastrofismo, pero también muy lejos del cofoisme con que se vienen enfocando desde diversas instancias.

Puede pensarse que estos episodios de vertidos han tenido su origen en la falta de leyes y de normativa jurídica, pero resulta que hay más de 162 normas jurídicas relativas a la gestión del medio ambiente, 41 de las cuales se refieren a las aguas. Son normas tanto europeas como estatales y autonómicas, a las que hay que añadir las normas locales, pues prácticamente todos los municipios tienen una ordenanza sobre vertidos de aguas residuales al alcantarillado, desde donde son conducidas a una depuradora municipal para ser tratadas y posteriormente, ya con unos criterios de calidad de vertido correctos, vertidas directamente al río.

Ante tamaño volumen de normativa sobre vertidos de aguas residuales, la única explicación que cabe dar a los vertidos salvajes de estos días es que no toda la normativa -o por lo menos no siempre- se está cumpliendo. Porque un vertido accidental tiene su lógica y sus soluciones, nos guste o no, pero que en pocas semanas haya prácticamente vertidos accidentales a diario nos obliga a concluir que en algunos casos no se han respetado las obligaciones legales en materia de vertidos.

Por otro lado, podemos pensar que esos vertidos salvajes son debidos a una actitud deshonesta de algunas empresas; sin embargo, sabemos que en toda Cataluña hay más de 1.740 sociedades con una depuradora instalada para tratar las aguas residuales de su proceso productivo y que son decenas de miles las que realizan su Declaración del Uso y la Contaminación del Agua (DUCA). Pero habrá que insistir en la minimización de la contaminación en el origen, reducirla desde el momento mismo en que se genera, sobre todo en los procesos industriales más contaminantes. Es ésta una línea de trabajo que desde el Centro de Empresa y Medio Ambiente se viene apoyando desde hace años con resultados muy satisfactorios, aunque los hechos de los días pasados nos hacen ver la necesidad de continuar insistiendo.

Las empresas además tienen ya asumida la gestión medioambiental como parte del conjunto de variables que forman parte de la gestión de una empresa, tal como acreditan las aproximadamente 117 firmas con un sistema de gestión medioambiental verificado con el Reglamento Europeo EMAS o las 450 compañías que ya tienen la norma ISO 14001. Dentro de esos sistemas, se establece la posibilidad de que se produzcan accidentes o situaciones extraordinarias, y se determina cómo actuar al respecto enesos casos. Tal parece ocurrir con alguno de los últimos vertidos: la empresa comunica inmediatamente el problema a la Administración e inicia sus actuaciones para poner fin al vertido y solucionar los problemas causados. Esta loable actitud no puede ocultarnos que en el resto de casos el vertido ni ha sido comunicado, ni se han iniciado actuaciones para controlarlo, con lo que estaremos por lo menos ante una infracción de la normativa administrativa o, en el peor de los casos, ante un simple caso de delito ecológico.

Por último, tenemos otro punto de atención en las inspecciones que se realizan en los ríos catalanes, dependientes todas ellas de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Durante el periodo 2000- 2001, y como consecuencia de las más de 20.000 inspecciones realizadas, se abrieron 994 expedientes sancionadores que acabaron en 418 multas por un total de casi medio millón de euros (unos 83 millones de pesetas). Las cifras parecen razonables hasta que se observa el número de inspectores para el conjunto de ríos catalanes: 43, a repartir por todo el territorio en varios turnos, pues los vertidos son de lunes a domingo, desde las 0 hasta las 24 horas y los 365 días del año. Es muy difícil controlar los más de 1.200 vertidos de aguas residuales a los cauces públicos de toda Cataluña con ese reducido contingente de inspección. Tal vez haya que plantearse cómo reducir esos vertidos directos al río, y todo ello debe formar parte de los planes de protección de los acuíferos y de cada cuenca hidrográfica que inexplicablemente se vienen posponiendo desde hace años.

Algo está fallando cuando se repiten los vertidos salvajes de las últimas semanas. Un mayor cumplimiento de la normativa existente, una mayor sensibilización de las empresas y una mayor eficacia en las actividades de inspección de la Administración probablemente ayudarían a mejorar la situación.

Joan Maties García es director de Ingenieros Asesores Medio Ambiente.