Un informe de la CMT considera ilegal una concesión de la Generalitat a Telefónica

Telefónica ganó hace tres meses un concurso para conectar con banda ancha la red sanitaria de la Generalitat con una oferta que 'infringe el régimen de regulación de precios', según los servicios de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). El órgano regulador del sector ha investigado la oferta de Telefónica porque era sospechosamente económica, hasta un 50% más que la ofrecida por su rival Retevisión. El dictamen de los técnicos de la CMT no es vinculante, y está a la espera de que se pronuncie al respecto el Consejo del Regulador.

El contrato en cuestión, valorado en 48 millones de euros (8.000 millones de pesetas), puso en manos de Telefónica la conexión de 11 hospitales y más de 300 centros de asistencia primaria dependientes de la Generalitat. La resolución elaborada por los técnicos de la CMT -firmada por el secretario del Consejo, José Giménez Cervantes, con fecha del pasado 14 de febrero- no sólo coloca en un serio aprieto a Telefónica, sino también al Gobierno catalán, que sabía de las investigaciones del órgano regulador.

El secretario de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Jordi Alvinyà, declaró recientemente que, aunque la CMT llegara a invalidar la oferta de Telefónica, no se podría cuestionar 'la legalidad de la actuación de la Generalitat', muy criticada por una oposición socialista inquieta con la supuesta connivencia entre el ex monopolio y el Gobierno catalán. Éste rechazó la impugnación de la adjudicación que planteó Retevisión. El operador perdedor argumentaba precisamente que Telefónica hacía dumping de precios.

El regulador no indica qué debería hacer ahora la Generalitat. Pero deja abierta la puerta a la convocatoria de un nuevo concurso cuando afirma que, legalmente, existen 'mecanismos más que suficientes como para garantizar la continuidad de la prestación de servicios de telecomunicaciones a los centros incluidos en la oferta' de Telefónica.

Cuando la Generalitat adjudicó su contrato a este operador en noviembre pasado, admitió en voz baja (que no en su comunicado oficial) que la oferta tecnológica de Retevisión era 'tan buena o mejor' que la de Telefónica, y que se vio empujada a inclinarse por el ex monopolio porque su oferta era mucho más barata, aunque el precio no pesaba más de un 45% en los criterios valorados. El Gobierno de Jordi Pujol había insistido en la necesidad de dar alas a los operadores alternativos, aprovechando este concurso, ante la falta de competencia existente en Cataluña fuera de la rentable corona metropolitana de Barcelona.

Un mes para subir precios

Las conclusiones de los servicios de la CMT, un órgano independiente que está adscrito al Ministerio de Economía, serán elevadas próximamente al Consejo del Regulador, su instancia última de decisión y también la más política. Según las fuentes consultadas, los miembros del Consejo muestran sensibilidades distintas sobre qué hacer ante la patata caliente que tienen sobre la mesa. Telefónica mantiene que su oferta 'se sitúa dentro de la legalidad' y así lo reiteró ayer mismo a este periódico. La primera compañía española de telecomunicaciones se abstendrá de realizar comentarios 'hasta que la CMT tome una decisión formal'.

Los informes de los servicios no obtienen automáticamente la bendición del Consejo, pero basándose en los contundentes datos del dictamen técnico, el rechazo parece difícil: los precios en que Telefónica basó su oferta para ganar el concurso están un 43% y un 26,04% por debajo de los autorizados en servicios de datos y voz, respectivamente.

Los técnicos del organismo que hace de árbitro en el sector plantean en su resolución 'la constatación más que evidente de que su oferta , tanto en cuanto a su estructura como en cuanto al precio de los servicios ofrecidos, infringe el régimen de regulación de precios'. Su informe también advierte de que esta regulación 'no contiene excepción alguna' que permita a Telefónica 'ofrecer un tratamiento, y en concreto, un precio, a las administraciones públicas distinto a los ofrecidos al resto de usuarios'.

Así, el regulador da un plazo de un mes a Telefónica para que 'adopte o, en su caso, inste la adopción de las medidas precisas para evitar el incumplimiento' del régimen vigente de regulación de precios. Es decir, que la empresa presidida por César Alierta no tiene el concurso perdido si modifica su oferta de precios, para elevarlos hasta ajustarlos a la legalidad.

Ahora bien, si en el plazo de un mes Telefónica no resuelve el incumplimiento, el operador 'no podrá prestar los servicios a que se refiere su oferta a precios distintos de los que resulten de la aplicación estricta del régimen de regulación de precios a que se encuentra sujeta'.