La presidencia española ve serios obstáculos para la ampliación de la UE

La ampliación de la Unión Europea hacia el Este, un proyecto político fundamental para restañar definitivamente la herida entre las dos Europas, e incluso entre el mundo cristiano y el musulmán cuando llegue el turno de Turquía, encuentra obstáculos difícilmente salvables y bien identificados por la actual presidencia española de la Unión. El calendario, que lleva ya dos años de retraso, prevé que Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia, Chipre y Malta, entren en 2004. Serios problemas financieros y políticos pueden aplazar esa fecha.

El calendario de la nueva UE prevé la entrada de 10 países en el año 2004

Problemas financieros y políticos pueden atrasar la futura ampliación prevista

El presidente del Gobierno, José María Aznar, tendrá que aplacar a partir del martes en Chipre y Malta, y la semana que viene en Hungría, Letonia y Lituania, las inquietudes y la irritación de estos países que lamentan que la UE flaquee a la hora de consolidar las costosas transformaciones políticas y económicas que la mayoría de ellos ha realizado tras la caída del muro de Berlín en 1989. Con estas visitas, concluirá la gira que Aznar ha realizado, en calidad de presidente de turno de la UE, por los países candidatos. En ella ha incluido a Rumania y Bulgaria, que no está previsto que entren en el primer turno, y a Turquía, el país que arroja mayor dificultad.

El jueves, 7 de marzo, Aznar se entrevistará en Berlín con Gerhard Schröder, que preside el Gobierno que está planteando los problemas más serios para la ampliación: los de tipo financiero. El más difícil de resolver es, sin embargo, la cuestión de Chipre, que resume el enfrentamiento histórico entre Grecia y Turquía. La objeción general que pudiera plantearse frente a Eslovaquia, en el caso de que el líder ultranacionalista Vladímir Meciar volviera al poder tras las elecciones del próximo otoño, y las quejas de Austria contra la República Checa por los riesgos de la central nuclear de Temmelin completan un panorama en el que el proyecto de una Europa unida corre riesgo de descarrilar cuando la situación internacional alcanza cotas de tensión desconocidas desde los peores años de la guerra fría.

Reparto de las cargas

El ingreso de los nuevos miembros va a incrementar unos presupuestos de la UE que ya son motivo de queja para los países que aportan a la caja común más de lo que sacan de ella, y que aspiran a recortar en el futuro, si no a suprimir, políticas que como la agrícola o la de desarrollo regional, son fuentes importante de gasto. A fin de que las negociaciones de adhesión con los candidatos no degeneren en una pelea entre los 15 socios actuales por el reparto de las cargas, se ha establecido un doble principio sin el que, según se dice, sería imposible avanzar: el presupuesto de la ampliación debe mantenerse dentro de unos límites ya fijados, en Berlín en 1999, y las negociaciones con los países candidatos deben tener como objetivo las actuales políticas comunitarias, quedando aplazado hasta después de la ampliación el debate sobre la reforma futura de las mismas.

La realidad, según la diplomacia española, es que este dogma de la ampliación está siendo cuestionado. Alemania, y otros países como Holanda o el Reino Unido que por ahora guardan silencio mientras los alemanes hablan, ha cuestionado las perspectivas financieras de Berlín en las últimas reuniones del Ecofin y en el reciente consejo informal de ministros de Exteriores celebrado en Cáceres. También Francia plantea pegas, aunque de otro tipo. París cree que la Comisión descubrió pronto sus cartas al presentar a los candidatos el tope máximo de la oferta.

Alemania, por su parte, exige a la Comisión Europea que rebaje los cálculos que ha presentado sobre el coste de la ampliación durante el trienio 2004-2006. El comisario competente, Günter Verheugen, que es alemán, responde que su propuesta queda por debajo del tope fijado en Berlín, cuando se preveía que en la primera fase de la ampliación sólo entrarían seis nuevos miembros y en el año 2002. Las previsiones de Berlín situaban, por ejemplo, el límite de gasto derivado de la ampliación para el año 2004 en torno a los 20.000 millones de euros. La Comisión propone que los 10 nuevos miembros que va a haber absorban un máximo ligeramente superior a los 16.000 millones de pesetas. Pero Alemania, no contenta con haberse ahorrado lo previsto para 2002 y 2003, debido al retraso de la ampliación, ni con la rebaja que ofrece Verheugen, recuerda que la incorporación de los nuevos socios a las políticas que generan gasto es progresiva y, en consecuencia, pide a la Comisión que presupueste para 2004 los límites señalados en Berlín para 2002, como primer año de la ampliación. Esa cantidad, que apenas supera la mitad de los 16.000 millones mencionados, sería insuficiente frente a las necesidades de unos candidatos que ya se quejan de que la propuesta de la Comisión les viene corta.

Los pronósticos diplomáticos consideran poco probable que Alemania se encastille en esta exigencia. Pero los problemas no terminan ahí. Parece claro que Berlín no dejará de oponerse a la propuesta de la Comisión de que los nuevos socios comiencen a percibir a partir de un 25% en 2004, los pagos directos a los agricultores previstos por la Política Agrícola Común. Alemania argumenta que esos pagos no se incluyeron en el acuerdo de 1999. La Comisión responde que los nuevos socios no podrán competir en el mercado único si sus producciones cuentan con menos ayudas que las de los Quince. El Partido Agrario de Polonia, el más importante de los países candidatos, advierte de que romperá la coalición de Gobierno y hará campaña por el no en el referéndum sobre el ingreso en la UE si no se atienden sus exigencias.

En realidad, el coste de estas conflictivas ayudas directas es bastante insignificante. En 2004, por ejemplo, sería de 1.173 millones de euros, comparado con el límite de gasto ya citado que son los 16.000 millones de referencia. Pero Alemania les otorga una gran importancia, porque quiere suprimir estos pagos directos de la vida comunitaria cuando se discuta la reforma de las políticas. Sus representantes argumentaron en Cáceres que, si se aprueban ahora, serán recogidos como un derecho consolidado en el repaso del cumplimiento a mitad de periodo de las perspectivas financieras de 1999, que la UE debe hacer el mes de junio, y que ello condicionaría el debate futuro. En consecuencia, Alemania se muestra partidaria de no fijar antes de junio una posición común de los Quince para la negociación del capítulo agrícola, a pesar de que, según los planes de la Comisión, ese tema tiene que ser abordado bajo la presidencia española.

Con este argumento, Berlín mezcla en la práctica, menospreciando el dogma, las negociaciones de adhesión y el debate posterior sobre la reforma de las políticas comunitarias. A nadie se le escapa que Schröder tiene en septiembre unas elecciones comprometidas y que, para no desagradar a sus electores, difícilmente aceptará que se negocie un capítulo tan sensible como el agrícola antes de esas fechas. Pero tampoco es fácil, en esas condiciones, que las negociaciones de adhesión terminen a finales de este año, como exige el calendario de 2004. Un cálculo optimista sería, en ese caso, que el ingreso de los 10 se produjera en enero de 2005, aunque, mientras tanto, se les permita a los candidatos votar en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004 e incluso participar en el debate de la Convención para la reforma de Unión.

La cuestión de Chipre

El problema de Chipre es más sencillo, pero políticamente tan complejo que puede dar al traste con toda la ampliación. Los Quince acordaron en 1999, en Helsinki, que la reunificación del sur grecochipriota y del norte, ocupado en el año 1974 por Turquía, no es condición necesaria para que Chipre entre en la Unión representado por la única capital reconocida internacionalmente, la grecoparlante Nicosia. Ankara advierte de que, si ese ingreso se produce, procederá a la anexión formal de la zona ocupada, y no es claro que la UE afronte un choque de tal envergadura con un país que es un aliado clave en la OTAN. Por el contrario, si Chipre no entrara en la UE, a pesar de ser el candidato más preparado desde el punto de vista económico, Atenas ya ha advertido de que vetará la ampliación, así que todos los candidatos se quedarán fuera.

Enfrentados a ese panorama catastrofista, los líderes de las dos comunidades, el grecochipriota, Glafkos Clerides, y el turcochipriota, Rauf Denktash, negocian, aunque las posibilidades que tienen de llegar a un acuerdo son escasas. Hablan de cuatro temas: Constitución, seguridad, territorios y propiedades, pero apenas han superado los dos primeros. Éstos abarcan los problemas de la estructura del Estado unificado, que Denktash quiere confederal y Clerides federal, reservándose la política exterior y de defensa, y el futuro de las tropas turcas, que, para Nicosia, no es otro que su retirada de la isla.