La UE afirma que 10 de los 13 aspirantes a la integración cumplen los requisitos
Sólo Turquía, Bulgaria y Rumania no cumplen las condiciones
La UE experimentará la transformación más importante de su historia en 2004 al acoger a 10 países más. Serán ya 25 y su población pasará de 375 a 450 millones. Eso prevé el informe estratégico sobre la ampliación, difundido ayer por la Comisión Europea. De los actuales 13 países candidatos, sólo Turquía, por motivos políticos y económicos, junto con Bulgaria y Rumania, por razones económicas y estructurales, incumplen los requisitos exigidos. Con los otros 10, la UE confía en concluir las negociaciones a finales de 2002.
Todos los candidatos deben superar aún el examen final basado en cuatro criterios. El primero es el respeto a los valores democráticos y sólo Turquía no alcanza el nivel exigido. El segundo se refiere a la capacidad del candidato para actuar en una economía de mercado. Turquía, Bulgaria y Rumania no son capaces. El tercero se relaciona con la capacidad para sobrevivir con unas normas europeas de elevada competitividad en un mercado único. Sólo Chipre y Malta están hoy preparados. Los demás pueden conseguirlo pronto, pero no Bulgaria, Rumania ni Turquía. La cuarta es la relativa a la capacidad para asimilar todas la legislación de la UE. Ninguno cumple por el momento y hay grandes diferencias entre unos y otros.
Turquía no cumple los criterios políticos, ni los económicos. Las muertes de reos son inaceptables
Los nuevos países de la UE se incorporarán al euro y a las normas del espacio Schengen. Pese al retraso en las negociaciones, Polonia, por cuya incorporación siempre presionó Alemania, estará en la primera oleada. La Comisión describe así la situación:
- Chipre. Cumple los requisitos políticos y funciona como una economía de mercado asimilable al contexto de la UE. Turquía debería ser más flexible para solucionar el problema de la división de la isla, según las directrices de la ONU. Ha cerrado ya 23 de los 29 capítulos de negociación.
- República Checa. Debe aprobar una ley sobre la función pública para garantizar su independencia y profesionalidad. Debe combatir la corrupción administrativa y económica con más eficacia, así como el tráfico de mujeres y niños o la discriminación a los gitanos.
- Estonia. Le falta modernizar la Administración pública. Funciona como una economía de mercado, aunque su déficit público es muy elevado. Tiene que modificar su Código Penal, sobre todo para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas.
- Hungría. Tiene que mejorar su lucha contra la corrupción y el respeto a la minoría gitana. Su inflación es alta (10%), pero los presupuestos son expansionistas. Ha aprobado recientemente leyes contra el blanqueo de dinero y para garantizar la independencia de su banco nacional.
- Letonia. Ha aprobado medidas para reformar la Administración pública y combatir la corrupción, pero debe incidir en esa vía. Su economía es estable, pero las autoridades deben profundizar en su política de disciplina fiscal. La privatización de la tierra y de las empresas marcha a ritmo muy lento.
- Lituania. Ha mejorado la reforma administrativa y judicial, así como el combate contra la corrupción. También ha impulsado la privatización bancaria y de empresas, con lo que ha reducido la intervención estatal, pero el desempleo es muy elevado (19,6%).
- Malta. Política y económicamente es equiparable a los países de la UE, pero debe rebajar el déficit público y acomodar sus estructuras agrarias.
- Polonia. Con 38,6 millones de habitantes, es el único país grande que se incorporará a la UE en esta oleada. Ha modernizado su sistema judicial y reforzado la lucha contra la corrupción, pero debe mejorar en el terreno de la igualdad de oportunidades. Todavía debe hacer esfuerzos para actuar en una economía de mercado competitiva, sobre todo en agricultura, y tiene que reestructurar sectores claves como el energético. El desempleo es alto (18,8%) y también la inflación (10,1%). Debe profundizar la privatización en la agricultura y en industrias tradicionales, así como mejorar los sistemas de control de ayudas europeas y aumentar la capacidad de la Administración para asimilar la legislación de la UE.
- Eslovaquia. Ha dado pasos importantes a favor de la independencia judicial. La corrupción, sin embargo, sigue siendo un grave problema. Se han hecho progresos contra la discriminación de las minorías, pero debe haber más. Disfruta de una estabilidad económica y la privatización bancaria está a punto de culminar, pero el elevado déficit público exige una prudente política fiscal.
- Eslovenia. Debe aprobar una ley sobre la Función Pública y profundizar en la reforma judicial. La inflación sigue siendo elevada (8,9%) y la legislación laboral no es suficientemente flexible.
- Turquía. No cumple los criterios políticos ni los económicos. Pese a algunos pequeños progresos realizados (moratoria en la aplicación de la pena de muerte o autorización para usar lenguas diferentes al turco), persisten las restricciones para el ejercicio de libertades fundamentales, como la de expresión. Son inaceptables las muertes constantes en prisión y debiera permitirse un debate libre sobre este problema. Sigue habiendo problemas sobre la independencia judicial (subsisten los tribunales militares) y la corrupción es muy alta. En cuatro provincias del sureste persiste el estado de emergencia y la existencia de monopolios en alcohol y tabaco es incompatible con las reglas europeas. La Administración debe reformarse en profundidad. Además, pone obstáculos al desarrollo de la política de seguridad y defensa de la UE.
- Rumania. Incumple los criterios económicos. Debe garantizar la independencia del poder judicial. Acaba de despenalizar la homosexualidad y ha dado pasos legales para restituir propiedades privadas. Aún tiene que modernizar su Código Penal, evitar los abusos policiales (los agentes aún están militarizados) y mejorar las condiciones de centros de acogida para niños. La inflación está incontrolada (45,7%) y no resistiría su inclusión en una UE competitiva.
- Bulgaria. Aún no cumple todos los criterios políticos y, sobre todo, los económicos. El sistema judicial es débil y la corrupción sigue siendo un problema grave. La comunidad gitana sufre todavía la discriminación. El proceso de privatizaciones se enfrenta a fuertes problemas administrativos. El sistema judicial, las ayudas de Estado o la seguridad nuclear son otras lagunas a superar.
El precio de las adhesiones
La Comisión Europea considera que los países miembros de la UE no tendrán que hacer esfuerzos financieros suplementarios a costa de la ampliación, al menos hasta el año 2006. No obstante, el informe presentado ayer por el Ejecutivo comunitario se limita a esbozar, sin concretar asignaciones, de dónde saldrán los fondos que la Unión Europeo tendrá que aportar a los nuevos miembros, la mayoría de los cuales accederán a las ayudas y fondos europeos por su bajo nivel económico. En su informe de ayer, la Comisión recuerda que las perspectivas financieras para el periodo 2000-2006, pactadas en Berlín en 1999, ya preveían unas cantidades anuales para los nuevos países incorporados (en principio, seis en 2002). Esas cantidades iban desde los 6.500 millones de euros en 2002 hasta los 16.800 millones en 2006. Todo parece indicar que ahora serán 10 los incorporados, pero, a partir de 2004, la Comisión considera que deben variarse los objetivos, pero sin superar en ningún caso las previsiones pactadas en Berlín. Es decir, sin que nadie aporte un euro más. En enero del año que viene, el Ejecutivo comunitario presentará sus propuestas presupuestarias, así como la posible asignación de fondos regionales y agrícolas para los incorporados. Todo ello sin prejuzgar las perspectivas financieras para el periodo 2007- 2013, que será el gran caballo de batalla de la UE, y especialmente el terreno de enfrentamiento entre España y Alemania.
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