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Reportaje:

Pasteles en el viejo cuartel

Irún comprará a Defensa unas instalaciones abandonadas para ampliar una empresa de panadería

Son frescos, suaves y de agradable aroma. Nada que ver con la rigidez, la rudeza y el olor a rancho que caracteriza el mundo militar. Los productos de pastelería de la firma Brioche Pasquier-Recondo podrían pasar a elaborarse en los terrenos donde aún sobreviven, maltrechas, las instalaciones del antiguo cuartel de Ventas, en Irún, abandonadas en 1993 y que serían derribadas para acoger las nuevas naves de la empresa.

El Ayuntamiento de la localidad fronteriza ha puesto en marcha la maquinaria para posibilitar el crecimiento de la firma, afincada ya en Irún y que ha mostrado su interés por la zona del viejo cuartel para abrir una nueva planta, que requeriría de 35.000 metros cuadrados de terreno. En esta nueva planta, la compañía se dedicará a la producción de bollería industrial, mientras que sus actuales instalaciones, en Oxinbiribil, seguirán dedicadas a labores de panadería.

Tras la aprobación esta semana en pleno con los votos a favor del equipo de gobierno (PSE y PP) y la abstención de la oposición, el consistorio firmará en breve un convenio con el Ministerio de Defensa para comprar, en principio, una de las dos parcelas donde aún se levantan los edificios militares. El Ayuntamiento pagará más de 900.000 euros por 24.951 metros cuadrados, que se corresponden con la parte comprada en los años 40 por el entonces Ministerio del Ejército.

El convenio alude también a la segunda parcela, de 28.818 metros cuadrados, que fueron cedidos gratuitamente por el municipio al Estado. El Ayuntamiento quiere ahora recuperarlos sin coste alguno, a lo que Defensa se opone. La decisión está en manos del Tribunal Supremo, al que el ministerio recurrió una sentencia del Tribunal Superior vasco inicialmente faborable a las tesis de Irún.

A la espera de que el Supremo se pronuncie, el convenio recoge la transmisión de la parcela al municipio, pero incluye una cláusula que permite que la cesión pueda transformarse en compra-venta si la sentencia es favorable al Estado. Como garantía de pago en ese supuesto, el Ayuntamiento debe presentar un aval a la firma del acuerdo por el valor estipulado para la parcela en cuestión: 1,2 millones de euros.

La corporación no tendrá problema alguno en modificar el Plan General para convertir la actual calificación de equipamiento en la de suelo industrial. 'Hay bastantes posibilidades de que la firma se ubique en esta zona', asegura el alcalde, el socialista Alberto Buen, quien explica que la empresa está pendiente de saber si la SPRI le concede o no ayudas para la ampliación, que requeriría una inversión de 19,2 millones de euros y posibilitaría la creación inicial de 150 puestos de trabajo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de febrero de 2002