El Gobierno denuncia a las diputaciones por obstaculizar su plan para el control del tráfico

El Departamento de Interior ha presentado cuatro denuncias contra las diputaciones forales porque éstas le impiden colocar paneles informativos y sensores en las carreteras. El conflicto arranca del pasado verano, cuando el Gobierno aprobó la creación de un sistema único de gestión del tráfico para toda Euskadi. Las diputaciones creen que esta medida invade sus competencias en materia de carreteras. Primero, presentaron un recurso ante la Comisión Arbitral, que fue rechazado. Ahora, por la vía de los hechos, impiden al Gobierno que desarrolle su plan.

Los tribunales de justicia serán los que finalmente decidan sobre la polémica planteada entre el Gobierno, por un lado, y las tres diputaciones, por el otro. La disputa está en las, al parecer, difusas competencias en materia de circulación viaria. A Interior, según el Estatuto de Autonomía y la LTH, le corresponde gestionar y supervisar todo lo relacionado con el tráfico. Las diputaciones tienen asignadas las actuaciones sobre las carreteras. En medio está la cuestión del control del tráfico.

El Gobierno pretende que haya un sistema único para toda la red viaria vasca, de modo que pueda recibir en un solo centro todos los datos, en tiempo real, sobre el estado de la carretera, accidentes y demás circunstancias del tráfico, mediante cámaras situadas en los 50 principales tramos de la red viaria. Desde la sede central, en Bilbao, se coordinarían las actuaciones. Este plan requiere la instalación de sensores para controlar el volumen del tráfico en las carreteras y de paneles informativos para informar en cada momento a los conductores.

Las diputaciones, pese a estar gobernadas por distintos partidos -el PNV, en Vizcaya y Guipúzcoa, y el PP en Álava-, han reaccionado de forma unánime contra el Gobierno. Las tres consideran que supone una invasión de sus competencias. Al no llegar a un primer acuerdo con Interior, llevaron el conflicto a la Comisión Arbitral, el organismo dirigido por Manuel María Zorrilla, presidente del Tribunal Superior. El fallo favoreció al Gobierno, pero no entró a juzgar el fondo de la disputa competencial, ya que los recursos se rechazaron por cuestiones puramente formales (el plazo de entrega en los casos de Vizcaya y Guipúzcoa, y el órgano que lo aprobó en el de Álava).

Quedó entonces una puerta abierta. La Comisión Arbitral recordó a las diputaciones que podían 'ejercer los derechos que les puedan corresponder', no para recurrir contra el decreto del pasado verano, sino los actos posteriores para su aplicación. Álava, Vizcaya y Guipúzcoa han respondido impidiendo al Gobierno realizar las obras para instalar los paneles y cámaras en las carreteras.

Cuatro recursos

En todos los casos se ha seguido el mismo mecanismo. El Departamento de Interior solicita la licencia de obras en un tramo de carretera concreto y las diputaciones no contestan. Ante el silencio administrativo, se da por denegado. El Gobierno insiste, y envía un requerimiento, pero las diputaciones, esta vez sí, responden que no conceden la licencia de obra. La siguiente respuesta de Interior ha llegado en los tribunales. De momento ya ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo cuatro recursos, según informó ayer la viceconsejera de Interior, Pilar Martínez. Tres denuncias afectan a la Diputación de Guipúzcoa y se refieren a una decena de tramos viarios donde el departamento pretendía colocar cámaras y paneles informativos. Contra Vizcaya ha interpuesto uno, que se corresponde con 'cuatro o cinco emplazamientos', especificó la viceconsejera. En Álava, el Gobierno está en fase de presentar los requerimientos pero, si se sigue el mismo curso, pronto llegarán las denuncias ante la justicia.

El Gobierno tenía previsto invertir 1,6 millones de euros (280 millones de pesetas) en la instalación de ese material, que han frenado las diputaciones. 'Mientras sigan manteniendo esa postura', se lamentó ayer la viceconsejera, 'nosotros no podemos seguir desarrollando las instalaciones que precisamos. De momento, estamos paralizados'.

Y no es éste el único aspecto en el que las instituciones forales mantienen diferencias con el Gobierno vasco. Tras varios intentos baldíos, continúan sus discrepancias sobre el convenio para intercambiarse información sobre accidentes y el estado de las carreteras. Las diputaciones piden a Interior que les suministre información con una periodicidad mensual. El Gobierno responde que es 'materialmente imposible', porque las diputaciones piden tantos detalles (hasta 50 variables diferentes de cada accidente) que sólo pueden darla semestralmente.

Pese al enquistamiento de las posiciones de unos y otros, todos coinciden en que quieren 'seguir intentando dialogar para llegar a acuerdos'.