La seguridad vial se someterá a examen

El País Vasco cuenta desde ayer un nuevo Plan de Seguridad Vial. En él se han introducido algunos cambios obligados, para adaptarlo a la recién aprobada la nueva Ley de Tráfico. También se continúa con los programas de años anteriores, encaminados sobre todo a la educación vial.

Pero la reunión de la Comisión Vasca de Seguridad Vial, que agrupa a varios departamentos del Gobierno, a las diputaciones, los ayuntamientos de las tres capitales e instituciones vinculadas al tráfico tales como autoescuelas, transportistas o el RAC, arrojó ayer otra novedad. Durante los próximos nueve a doce meses, varios grupos especializados buscarán fórmulas para comprobar la eficacia real de todos esos programas. No basta con realizar una iniciativa con relación a la educación vial o a cualquier otra materia, sino que también se debe examinar qué incidencia tiene ese programa entre la población, hasta qué punto su surte efecto.

Para desarrollar este trabajo, los expertos estudiarán las iniciativas de otros países europeos. Ese proyecto estratégico, cuando se termine de elaborar, se aplicará durante tres años, de 2003 a 2006. 'De ese modo podremos evaluar mejor [la eficacia de] las medidas que tomamos', explicó ayer la viceconsejera de Interior, Pilar Martínez.

En lo más inmediato, el Plan de Seguridad Vial de este año tiene cuatro apartados: la educación, la vigilancia y control del tráfico, la investigación científica y planes de mejora de carreteras. En suma, se trata de mejorar el tráfico y reducir la siniestralidad.

En la reunión de ayer se analizaron también los últimos datos al respecto, correspondiente al año pasado. Como viene ocurriendo en la última década, el año pasado bajó también el número de accidentes en un 10% (1.535 siniestros menos), aunque se han registrado tres muertos más que en 2000, con especial incidencia en Álava, donde aumentó en 15 personas la cifra de fallecidos.

En este sentido, tanto en la mejora de carreteras como en el control del tráfico, es fundamental la coordinación entre el Gobierno y las tres diputaciones, pese a sus diferencias en los últimos meses.