Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

Ajuria Enea, desde abajo

La reunión de partidos e instituciones celebrada ayer en Vitoria concluyó en lo que podría ser el germen de un nuevo Pacto de Ajuria Enea. El periodo de Lizarra abrió una sima entre nacionalistas y no nacionalistas que no se ha cerrado. Ello dificulta los intentos de reconstruir la unidad democrática contra ETA y sus cómplices. Pero también el Pacto de Ajuria Enea fue, hasta cierto punto, el resultado de una presión unitaria surgida espontáneamente en muchos pueblos tras los atentados. La presión acabó obligando a los partidos a establecer un diagnóstico conjunto y unos principios compartidos. Tal vez, lo que ahora se inicia como acuerdos de seguridad en los municipios en que hay concejales amenazados por el entorno de ETA acabe forjando un pacto como lo fue el de 1988.

Esa persecución no es la obra de unos locos, sino, como dijo el ex diputado de Álava Emilio Guevara (en el homenaje al socialista Fernando Buesa, asesinado hace dos años), de unos 'fanáticos que aplican fría y calculadamente una estrategia que busca el desistimiento y la renuncia de sus rivales políticos'. Lo que ocurre en tantos ayuntamientos no es de naturaleza diferente al acoso que sufren otras personas (profesores, jueces, ertzainas, periodistas) con el mismo fin de hacer que se achanten: que desistan de oponerse a ETA y a su brazo político. Durante años, la existencia del Pacto de Ajuria Enea -saber que había un marco unitario contra ETA- actuó como paraguas psicológico y parapeto político de esos sectores.

Su ruptura acentuó la sensación de estar a la intemperie que ya experimentaban algunos concejales. Más de 30 han dimitido y son lógicas las dificultades que encuentran sus partidos para completar listas en muchos municipios para las próximas elecciones. De ahí nació la propuesta de Rodríguez Zapatero a Ibarretxe, que desembocó en la reunión de ayer. Su resultado sólo podrá valorarse dentro de algún tiempo, pero el hecho de que el lehendakari haya decidido dar continuidad a este tipo de reuniones, acordado crear una comisión técnica que estudie respuestas a problemas concretos de seguridad, incluyendo eventuales reformas legales, es ya un avance considerable. Pero lo es sobre todo la decisión de constituir en cada localidad mesas de partidos democráticos, con expresa exclusión de Batasuna, que planteen respuestas a las coacciones que sufran los ediles, incluyendo la de personarse en las acciones judiciales que se decidan.

No tiene sentido, por tanto, la decepción que evidenció el representante del PP, Carlos Iturgaiz. Aunque no se aceptara su propuesta de plantear mociones de censura inmediatas a los alcaldes de Batasuna que gobiernan en minoría, sí hubo un compromiso de no gobernar ni hacer oposición con ese partido tras las elecciones de 2003. Es sólo un comienzo, pero es más que el diálogo de sordos que había.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de febrero de 2002