El fiscal antidroga mantiene su acusación contra Caba por blanqueo de capitales

El fiscal antidroga mantendrá en sus conclusiones la imputación de blanqueo contra los cinco acusados en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, entre los que está el ex alcalde de Estepona, Antonio Caba. Ayer se leyeron transcripciones de conversaciones telefónicas intervenidas por la policía. En una, Isabel González, esposa de Levent Ucler, el cliente de Caba, decía de su marido a un amigo: 'Le he ayudado a crear un imperio y ahora que tiene nombre, poder y autoridad, Isabel a la basura...' Dos días después la asesinaron.

Por las preguntas que el fiscal hizo ayer a los peritos, la tesis de la acusación no ha variado: los profesionales acusados, el abogado Antonio Caba, su socio economista Juan Carlos Marín, y el fiduciario gibraltareño Anthony Napoli, fueron 'parte esencial del entramado societario' con el que la acusación sostiene que Levent Ucler blanqueó dinero de la mafia turca de la heroína en Andalucía. A lo largo de los seis días de juicio no ha habido ninguna prueba concluyente del origen ilícito de los 243 millones de pesetas que en transferencias desde Turquía, cheques o en metálico, se ingresaron en las cuentas de Solbank en Estepona a nombre de cuatro sociedades irlandesas, en las que Napoli figuraba como administrador. Tampoco hay pruebas de la 'plena conciencia' de Caba, Marín y Napoli del 'origen ilegal' del dinero.

La acusación arguye que en este caso se dan las tres condiciones que la jurisprudencia del Supremo fija desde 1997 para condenar por blanqueo: la constatación de algún vínculo o conexión con el tráfico de drogas, el incremento inusual del patrimonio y la inexistencia de negocios lícitos que lo justifiquen. Los auditores Aurelio Gurrea Chalé y José Ramón Sánchez Medina, peritos de la defensa, repitieron ayer en la vista que 'el negocio de las gasolineras es el más inadecuado para blanquear dinero, por el control suplementario de Hacienda e Industria'.

El fiscal consiguió que al final de la sesión de ayer se leyeran algunas transcripciones de conversaciones telefónicas que la policía grabó a Ucler y a Isabel González, su esposa y socia, que de no haber sido asesinada el 14 de junio de 2000, habría estado como acusada en este juicio. Todas las defensas han impugnado las escuchas, con el argumento de que aunque se hicieron con permiso del juez, no hubo un intérprete jurado o falta la fe pública judicial o habría duda de la autenticidad de quienes hablan. El Tribunal decidirá en sus deliberaciones si admite las escuchas como prueba, pero ayer les dio un primer respaldo al permitir que se leyeran los extractos.

El 12 de junio de 2000, Isabel González habla sobre su marido amigo de la familia: 'Soy la basura; le ayudé a crear su imperio cuando no tenía ni nombre, después lo puso a nombre de los niños y ahora que tiene nombre que tiene poder y tiene autoridad, Isabel a la basura...' La mataron dos días después. Hay otra muy confusa del 16 de mayo de 2000 entre Isabel y su marido, en la que la mujer le pregunta si encontró 'a otro narcotraficante'. Y varias, por las mismas fechas, en las que Ucler ponía precio a diversas viviendas, pedía 450 millones por cada gasolinera y se interesaba por el dinero B. De estas conversaciones la policía evaluó en 1.000 millones de pesetas el patrimonio de este ciudadano turco, que había sido condenado en 1993 a nueve años de prisión por su relación, en 1990, con un transporte de casi 74 kilos de heroína. La última deducción es que Levent Ucler en el verano de 2000 estaba liquidando su patrimonio en España, cuando la policía le detuvo por la muerte de su esposa.

El final de este juicio, en que el fiscal pide cinco años de cárcel y 1.500 millones de multa para cada uno de los acusados, se retrasa. La Sala sólo ha encontrado hueco en su agenda para que, en una corta sesión el 6 de marzo, el fiscal haga su exposición final. El presidente no pudo señalar el 7 para terminar la vista, porque ese día los dos abogados de Antonio Caba, Horacio Oliva y José Carlos Aguilera tienen una cita, como defensor y acusación particular, en el juicio que se verá en la Audiencia de Málaga contra Jesús Gil y otras cuatro personas por el caso jinete.