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Barberá elude mociones de la FEMP contra la estabilidad presupuestaria

Posada desvincula el nuevo Pacto Local y la financiación municipal

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), afirmó ayer que tres mociones aprobadas por la comisión ejecutiva del organismo estatal contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria 'no fueron correctas políticamente' porque los socialistas aprovecharon 'la ausencia' de algunos representantes del PP para 'colar' sus propuestas. Barberá, ante el ministro de Administraciones Públicas Jesús Posada se limitó a reclamar 'diálogo permanente y protagonismo' de los municipios en la redacción de los reglamentos de la nueva ley.

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Restricciones del Estatuto

La Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada el pasado 12 de diciembre impone severas restricciones a las castigadas arcas de las corporaciones locales. El propio ministro de Administración Pública admitió abiertamente ayer en Valencia que los ayuntamientos sufren graves insuficiencias financieras.

La comisión ejecutiva de la FEMP aprobó el pasado 18 de diciembre, con los votos en contra de los representantes del PP, tres resoluciones que censuran la actitud del Gobierno al concebir a espaldas de los municipios una ley que cercena la autonomía municipal; instan a los órganos de la federación a presentar un conflicto ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local; y denuncian la asfixia económica que el Gobierno impone a las corporaciones locales.

El PP no logró imponer su mayoría en la votación de la comisión ejecutiva debido a la ausencia de algunos de sus representantes. Y Barberá, desde luego, no se siente aludida por los acuerdos a pesar de su condición de presidenta de la FEMP, un órgano institucional que no debe regirse por opciones partidistas.

Barberá arremetió con crudeza contra los socialistas por 'colar' las resoluciones de forma oportunista y por intentar pervertir los usos habituales en el seno de la FEMP. Según la alcaldesa de Valencia, la federación 'no se creó como instrumento de confrontación política, sino de defensa de los intereses municipales'. 'Siempre se ha buscado el mínimo común a la hora de redactar resoluciones', insistió Barberá evidentemente molesta por el desliz del PP en la comisión ejecutiva.

A su favor, la alcaldesa de Valencia recordó que el pasado mes de noviembre, la FEMP aprobó 'por unanimidad' otra resolución que solicitaba al Gobierno 'diálogo permanente y protagonismo de la federación en la redacción del reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria'.

Tras defender el espíritu conciliador de la FEMP, Barberá lanzó una diatriba contra José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del PSOE, quien ha sugerido que la segunda descentralización que impulsa el Gobierno a través de un nuevo Pacto Local entraña 'una regresión autonómica'. La alcadesa de Valencia afirmó que el dirigente socialista sólo busca 'una excusa' para evitar negociaciones al respecto con el PP.

Ana Noguera, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, replicó a la alcaldesa que la segunda descentralización no es más que 'una pantalla' para frenar las demandas de los ayuntamientos ante el Gobierno central, que ha recortado las ayudas directas del plan concertado de servicios sociales, del plan económico de cooperación local, o que rechaza las subvenciones al transporte municipal salvo en los casos de Madrid y Barcelona.

Noguera también recriminó a Barberá la dejación de responsabilidades que supone dejar caer en el olvido las resoluciones aprobadas por la comisión ejecutiva de la FEMP contra la ley de estabilidad presupuestaria.

Posada, por su parte, asumió que 'los ayuntamientos asumen gastos que exceden sus presupuestos' y explicó que el Gobierno estudia el nuevo modelo de financiación municipal que regirá a partir de 2003. El ministro explicó que la anunciada supresión del IAE 'es una preopinión' que condiciona el futuro modelo, pero evitó cualquier precisión sobre sus líneas generales. Sí subrayó, sin embargo, que las posibles negociaciones de un nuevo Pacto Local que impulse la segunda descentralización no tienen nada que ver con el modelo de financiación municipal.

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