La Fiscalía quiere castigar los siniestros laborales como delitos

Miguel Gutiérrez, fiscal de delitos laborales de la Audiencia de Alicante, propone una reforma legislativa para que los accidentes de trabajo sean tipificados como delitos de imprudencia, o bien como infracciones administrativas, pero 'nunca como faltas'. Gutiérrez considera necesaria esta reforma para evitar que las condenas -multas cuando los casos son calificados como faltas- por accidentes de trabajo perseguidos por la vía penal sean inferiores a las sanciones administrativas.

La propuesta de calificar exclusivamente como delitos todos los siniestros laborales que se persigan por la vía penal es la iniciativa más novedosa de la memoria de 2001 de la Fiscalía de Accidentes Laborales, que coordina Miguel Gutiérrez.

En concreto, el fiscal plantea la reforma del artículo 621 del Código Penal, que tipifica las faltas por imprudencia, y propone que se excluyan los supuestos que afecten a las normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud laboral, cuya infracción debe calificarse como delito. Para los casos menores, Gutiérrez propone la sanción por la vía administrativa.

Las razones, según Gutiérrez, para justificar su demanda son claras: ' La multa que puede imponerse como falta por la vía judicial es notablemente inferior a la sanción que corresponde a su homóloga en el orden social', explica. El fiscal pone como ejemplo de su aseveración la sentencia por un accidente laboral con resultado de muerte de un juzgado de lo Penal que condenó por falta y e impuso una multa de 90.000 pesetas. Mientras, la Inspección de Trabajo había levantado un acta que incluía una propuesta de sanción de 5 millones de pesetas. 'La sentencia ha sido recurrida por el fiscal. Pero el dislate y el contrasentido ahí queda', señala Gutiérrez. 'Por tanto, no resulta extraño que algunos acusados, incluso utilizando medios torticeros para lograrlo, prefieran ser juzgados y condenados en un juicio de faltas, antes que enfrentarse a una sanción de la Administración', añade.

En la memoria, Gutiérrez insiste en la necesidad de activar otras iniciativas para combatir con mayor eficacia, desde el ámbito judicial, la siniestralidad laboral. El representante del ministerio público aboga por estudiar la creación de juzgados especiales sobre derechos de los trabajadores. Gutiérrez abunda en la deficiente instrucción, en líneas generales, de estas causas, extremo que atribuye a la falta de jueces especializados y exclusivos.

Asimismo, el fiscal destaca la necesidad e importancia de 'la intervención activa del ministerio fiscal' en todas las fases de la instrucción de los sumarios por accidentes laborales, y de manera especial en aquellos en los que se han registrado víctimas mortales. También para colmar esta aspiración, Gutiérrez demanda al menos dos fiscales más con dedicación exclusiva.

En cuanto a los datos estadísticos, la memoria recoge que durante 2001 la Fiscalía de Siniestralidad Laboral recibió 73 asuntos, frente a los 67 del año anterior, la mayoría relacionados con accidentes en el sector de la construcción, donde, además, se acordó paralizar 26 obras por carecer de las necesarias medidas de seguridad. En cuanto a los asuntos, 29 correspondieron a accidentes mortales, idéntica cifra que el año anterior.

Por último, Gutiérrez resalta el caso de los trabajadores afectados por el amianto como uno de los más importantes pendiente de resolución.