'Nadie me contrata y tengo que vivir del salario social'
Hilario Guerrero, de 57 años, es uno de los 99 primeros solicitantes de la renta mínima, una nueva ayuda para personas sin recursos
A Hilario Guerrero el mundo de los albergues y las ayudas sociales le resultaba ajeno. Este extremeño de Villafranca de los Barros (Badajoz) llegó a Madrid con 19 años. Trabajó de peón, de ceramista, de camarero, de ayudante de cocina... Y emigró a Argentina porque allí le ofrecieron un buen contrato. Pero la oferta resultó un fiasco y hace tres años regresó a Madrid 'con una mano delante y otra detrás'. A sus 57 años, soltero, no encuentra trabajo y se ha tenido que familiarizar, muy a su pesar, con los refugios y los subsidios para personas sin recursos. Él es uno de los primeros 99 solicitantes de la renta mínima de inserción, una nueva ayuda de 48.895 pesetas (294 euros) mensuales que la Comunidad concede desde enero a los hogares pobres.
'Siempre he trabajado, sobre todo en la hostelería, pero a mis 57 años ya nadie me quiere detrás de una barra, prefieren chicos y chicas jóvenes y atractivos. No lo entiendo, porque la experiencia es importante, pero eso es lo que me ocurre un día tras otro', asegura este hombre educado y vehemente que durante seis meses ha cobrado las 43.000 pesetas del Ingreso Madrileño de Integración (IMI), predecesor de la renta mínima.
'Yo había vivido con familiares y de patrona, pero nunca en un albergue, y cuando llegué a Madrid tuve que buscar cobijo en el centro de atención a marginados que la asociación Betel regenta en Alcalá de Henares. Allí permanecí durante dos años, y después en el albergue de San Martín de Porres, en Carabanchel. Lo que nunca hice es dormir a la intemperie. Eso es muy duro y al final la calle te traga y te hace comportarte como un animal', reflexiona.
Hace unos meses llegó a la Red de Apoyo a la Inserción Sociolaboral (RAIS), una entidad que apoya a los sin techo a través de una revista de calle que venden las personas sin hogar y de su local social de la calle del Acuerdo (Centro). Allí le ayudaron a presentar los documentos necesarios para solicitar el IMI y, una vez que comenzó a cobrarlo, pudo permitirse pagar un hospedaje, que le cuesta 1.300 pesetas al día.
'Estas ayudas son buenas pero algo escasas, sólo te dan para pagarte la cama. Tengo muy claro que lo que quiero es trabajar, pero, si no lo consigo porque nadie me contrata, debo depender de estos subsidios, y con ellos andas ahogado. Me he visto obligado a pedir también apoyo a Cáritas porque si no no podía ni comprar jabón', concluye Guerrero.
La Consejería de Servicios Sociales prevé que el número de peticiones para cobrar esta renta mínima aumente en los próximos meses, a medida que los actuales 7.200 beneficiarios del IMI soliciten el nuevo subsidio (tienen de plazo hasta el 30 de junio) y se incorporen otros beneficiarios. El 1 de octubre, el IMI deja de existir. Nieves Alonso, responsable regional del programa de rentas mínimas, opina que 99 peticiones en un mes, 26 de ellas de personas que ya cobraban el IMI, es una cantidad 'normal'. 'Los cambios llevan tiempo; además, para pasarse a la renta mínima desde el IMI hay que presentar de nuevo toda la documentación y todo se dilata', explica.
La Comunidad espera que esta nueva ayuda, al ser menos restrictiva, llegue este año a 12.000 hogares pobres frente a los 8.000 que percibían el IMI. Según un estudio elaborado por el departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra, unos 27.000 hogares de la región (un 1,5% del total) viven en la pobreza extrema. Eso significa que sus ingresos mensuales son inferiores al dinero que les correspondería de renta mínima: por ejemplo, 68.000 pesetas en el caso de una familia de tres miembros.
La nueva ayuda, que ya existe en Euskadi, pretende llegar a esos 27.000 hogares necesitados. El Gobierno regional ha puesto también en marcha un plan contra la exclusión social que prevé invertir 103.000 millones de pesetas de 2002 a 2006 tanto en el pago del nuevo subsidio como en medidas educativas, sanitarias y de vivienda.
La principal diferencia entre el IMI y la renta mínima es que la segunda se concibe como un derecho de los ciudadanos sin recursos, por lo que su denegación debe estar acreditada y el interesado puede alegar a su favor. El IMI estaba más supeditado al criterio de los trabajadores sociales.
La Ley de Rentas Mínimas, que regula esta ayuda, fue consensuada con la patronal, UGT y CC OO, y aprobada por la Asamblea el 20 de diciembre de 2001 con los votos favorables del PP y la abstención del PSOE e IU. De los 99 primeros peticionarios, la mitad (46) vive en la capital. La mayoría (60) son mujeres y el 40% personas solas. Siete de cada 10 están en paro.
Para percibir esta ayuda hay que ser residente legal (en el caso de inmigrantes), constituir una unidad familiar independiente y estar empadronado en algún municipio madrileño desde un año antes de presentar la solicitud. También es necesario tener más de 25 años (salvo los chavales tutelados por la Comunidad) e ingresos inferiores a las 48.000 pesetas al mes en el caso de una persona o 68.000 pesetas en familias de tres miembros. Pero existe la posibilidad de hacer excepciones en casos de urgencia social.
La cuantía mínima de la ayuda se incrementa en un 25% más si hay una segunda persona a cargo del solicitante, y un 15% por los restantes. Ningún hogar puede percibir un subsidio mensual superior a las 73.000 pesetas (la cuantía del salario mínimo). Cada beneficiario está obligado a cumplir un plan de inserción salvo en casos de marginación extrema.
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