El PP acepta condenar el franquismo, pero rechaza indemnizar a los represaliados

El PP volvió a quedarse ayer solo en el Congreso de los Diputados en su rechazo a una proposición no de ley de todos los grupos de la oposición, incluidos sus compañeros habituales en el voto, Coalición Canaria y CiU, para adoptar una serie de medidas 'de reparación moral y económica a los presos y represaliados políticos durante el régimen franquista'. El PP aceptó, sin embargo, por primera vez, y se había intentado sin éxito otras cuatro veces, una condena del régimen de Franco con un 'reconocimiento moral' a las personas que padecieron la represión franquista. Pero se negó a concretar una partida económica para ese resarcimiento que se calcula en 36 millones de euros (unos 6.000 millones de pesetas).

La proposición no de ley de todos los grupos cosechó 132 votos frente a los 165 del PP con lo que este asunto vuelve a quedar en suspenso. El PP, en voz del diputado Manuel Atencia, consideró que la vía propuesta por todos los demás, es decir, la adopción de medidas de reparación moral y económica a los presos y represaliados políticos durante el franquismo, 'no es precisa'. Por el contrario, su propuesta fue la de que el Gobierno presente un informe en el que se analicen los casos pendientes y la dispersa legislación. Los proponentes, es decir, toda la oposición, no aceptaron esta transacción y, por tanto, no hubo nada. El Gobierno y el PP, eso sí, tienen ahora en su mano la posibilidad de tomar la iniciativa y solucionar los casos pendientes. Pero el primer punto de la enmienda transaccional del PP no deja dudas de su condena a ese régimen al 'reafirmar su pleno reconocimiento moral a todos los hombres y mujeres que padecieron la represión del régimen franquista por defender la libertad y por profesar convicciones democráticas'.

La reparación a las víctimas de la dictadura es recordado periódicamente por la oposición dado que PSOE, IU y PNV reciben periódicamente, a través de sus contactos con CC OO, las reivindicaciones de la asociación de afectados por las represalias del franquismo. Hace 10 años eran unos 32.000; ahora se calculan en unos 9.000. Algunos Parlamentos autónomos, como Madrid, Navarra, Andalucía, ya han aprobado indemnizaciones. Otros como País Vasco, Cataluña o Castilla-La Mancha las tienen en su última fase de trámites.

El PSOE, arropado en esta ocasión por CiU, IU, PNV, CC y Grupo Mixto, considera que debería abordarse cuanto antes una proposición no de ley de ámbito nacional que conceda un paraguas a todas esas regulaciones autonómicas. En 1999 se aprobó en el Parlamento una resolución con ese objetivo que no se ha cumplido. Se estima que en estos momentos tan sólo unas 6.000 personas podrían acreditar los tres meses de cárcel que se exigen para atestiguar las represalias franquistas y la ayuda ascendería a unos 6.000 millones de pesetas porque sería de un millón por perceptor.