La empresa Eaton apuesta por Polonia y recorta empleo en Cataluña
UGT critica que la Fiscalía no haya intervenido en la crisis de Lear
La proximidad con Alemania, peso pesado de la industria del automóvil, y los menores costes laborales están reforzando la posición de Polonia como imán inversor para el sector auxiliar del automóvil. Cataluña se resiente. En plena conmoción por el cierre de la planta de Lear en Cervera (Segarra), con la amenaza de despido que pende sobre más de 1.200 empleados, otra multinacional del sector, Eaton Livia, ha comunicado ya a la plantilla de su planta en Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
el traslado inmediato de entre el 20% y el 25% de la producción a la planta que ya tiene en este país de la Europa del Este, según fuentes del comité de empresa.
A resultas de la decisión de Eaton Livia, que lleva en Montornès desde 1989, 64 de las 257 personas que trabajan para la empresa en el polígono Congost de esta localidad vallesana (el 25% del total) se verán afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se planteará esta misma semana al Gobierno catalán. Sólo 12 de ellos, los más jóvenes y con una menor antigüedad en la empresa, han aceptado la oferta de marcharse voluntariamente con una indemnización de 40 días por año trabajado.
El responsable de Eaton en Montornès, Josep Vall, ha explicado a la plantilla que no puede asumir el recorte del 5% de los costes que exige a la empresa su principal cliente, PSA Peugeot Citroën. La industria del automóvil supone el 4% de la actividad económica en Montornès.
Mientras, desde Lleida, el secretario general de la Unión General de Trabajadores de Catalunya(UGT), Josep Maria Àlvarez, consideró ayer 'inaudito' que la Fiscalía de esta localidad no haya intervenido de oficio en la crisis de Lear en Cervera. El sindicato no excluye acudir al órgano judicial en demanda de protección, al considerar que la empresa ha vulnerado algunos derechos fundamentales de los afectados, reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores. Àlvarez afirmó que el simple hecho de reunir a la plantilla para anunciarles el cierre irreversible de la fábrica constituye una coacción 'ilegal'.
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