Camacho intentó trasladar la sede fiscal de Gescartera a Dublín para huir de la CNMV

El Banco Nacional de Irlanda denegó a Antonio Camacho, propietario de Gescartera, una solicitud para trasladar el domicilio fiscal de la agencia de valores a Dublín cuando la compañía ya arrastraba un agujero y estaba siendo investigada por la CNMV. Camacho, en prisión por la desaparición de los 15.578 millones de pesetas que le confiaron 1.383 clientes, pretendía que la operativa de la sociedad radicara en ese país. La policía investiga el rastro del dinero en Luxemburgo e Irlanda. Las primeras comisiones rogatorias apuntan a que Camacho hizo disposiciones millonarias en cuentas extranjeras.

En diciembre de 1998, cuando la empresa de Antonio Camacho tenía un agujero de al menos 27 millones de euros (unos 4.500 millones de pesetas), José María Ruiz de la Serna, director general de Gescartera, viajó a Dublín para una misión muy especial, que podía dar un vuelco total a la compañía y alejarla de las garras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que la estaba fiscalizando.

Ruiz de la Serna intentó trasladar toda la operativa bursátil de compras y ventas de Gescartera desde su sede, en el número 15 de la madrileña calle Moreto, a Irlanda, un país que goza de numerosas ventajas fiscales. La plaza financiera de Dublín está considerada en ámbitos económicos y jurídicos como un paraíso fiscal en pleno corazón de Europa.

El director general de Gescartera, de 40 años, ex interventor de la CNMV contratado por Camacho después de que redactara un demoledor informe contra su empresa, permaneció en Dublín durante tres días y se entrevistó con responsables del Banco Nacional de Irlanda, la autoridad monetaria de la que dependía el permiso para poder llevar a cabo su ambicioso proyecto.

Camacho y Ruiz de la Serna querían operar desde Dublín, pero manteniendo su estructura y clientes en España. El proyecto presentado a la autoridad monetaria irlandesa consistía en canalizar desde ese país las órdenes de compras y ventas de valores a través de Internet y call back (devolución de llamada). La empresa seguiría físicamente en España, pero sus operaciones se harían en Irlanda. Allí se establecería la sede fiscal, jurídica y administrativa de Gescartera, aunque sus empleados y clientela estuvieran a miles de kilómetros. Pero el Banco de Irlanda negó el permiso y echó por tierra su plan.

Camacho, que viajó también a Dublín, consultó su proyecto con directivos españoles del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), el gigantesco banco británico con el que operaban, y planificó el papel que jugarían las oficinas irlandesas de ese banco en su plan frustrado, según confirman fuentes cercanas a la entidad.

Ruiz de la Serna, imputado en la causa y en libertad debido de una enfermedad, asegura que el objetivo de aquella solicitud fue beneficiarse de las ventajas fiscales que ofrece Irlanda y señala que las autoridades de ese país lo rechazaron porque 'no les gustó al ser una propuesta novedosa, aunque jurídicamente viable'.

La policía tiene una opinión diferente y sus expertos en delincuencia económica destacan que una característica común de todos los chiringuitos financieros es precisamente el establecimiento de sus sedes fiscales y jurídicas lo más lejos posible del país en el que operan. Así se dificulta la investigación cuando llegan las reclamaciones de los clientes estafados. 'Si llegan a cumplir su objetivo, nuestra investigación sería ahora más difícil todavía', reconocen los investigadores dedicados a reconstruir la opaca operativa exterior de Gescartera.

A los ocho meses de la intervención de la agencia de valores, el paradero del dinero desaparecido continúa siendo la gran incógnita. Documentos encontrados por la policía en la sede de Gescartera conducen hasta inversiones millonarias en Irlanda y Luxemburgo, otro paraíso fiscal en Europa. El Grupo contra el Fraude Bursátil sospecha que compras de valores y fondos por varios millones de euros en esos dos países no regresaron a España y se desviaron desde allí a cuentas de Antonio Camacho. Éste, en 1999, empleó como señuelo la constitución de una Sicav -entidad intermediaria de compraventa de valores- en Luxemburgo para engañar a la CNMV y justificar el agujero de la agencia.