Las ONG acusan al Gobierno de anular los foros de participación
Manifiesto contra 'una clara marcha atrás'
Las ONG de desarrollo, medio ambiente, derechos humanos e inmigración denunciaron ayer que el Gobierno español, que preside la UE, anula 'cualquier espacio de participación del que pueda derivarse una voz disonante', como el Consejo de Cooperación Internacional, el Foro de Inmigración y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
El manifiesto Por el diálogo y la participación lo firman la Coordinadora de ONG de Desarrollo (CONGDE) -más de 100 entidades-, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, SOS Racismo, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), MPDL, AESCO, Presencia Gitana y asociaciones de inmigrantes marroquíes, peruanos y dominicanos. 'Organizaciones muy diversas hemos decidido unirnos porque percibimos la misma falta de diálogo', dice Marga Usano, presidenta de la CONGDE.
El manifiesto refleja el 'malestar por la falta de sensibilidad democrática' del Gobierno, 'una clara marcha atrás' y 'la anulación efectiva de los espacios institucionales establecidos legalmente para la participación. El Gobierno los no ha convocado durante años y ha alterado unilateralmente su composición para poder designar directamente a sus representantes'. El manifiesto añade que 'hay indicios que apuntan a que el Gobierno utiliza los recursos públicos para castigar a las organizaciones con posición crítica'.
'El Gobierno impulsa una creciente privatización de la gestión privada de lo público en el sector medioambiental', dice Juantxo López de Uralde, director ejecutivo de Greepeace. 'El Ministerio de Medio Ambiente contrata durante la presidencia española a las empresas Garrigues Andersen y Price Waterhouse para ir a foros internacionales. Incluso la trasposición de directivas de la UE a la legislación española se encarga a empresas privadas'.
'El Foro de la Inmigración está inutilizado, con organizaciones seleccionadas a dedo por el Gobierno', dice Diego Lorente, de SOS Racismo. 'Y se nos ocultan las directivas europeas'.
'Hace tres años presentamos un proyecto de Comisión Nacional de Derechos Humanos, como existe en Francia: el Gobierno hace oídos sordos', advierte José Antonio Gimbernat, presidente de la Federación de Asociaciones de Derechos Humanos.
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