La gallina ciega

Al comienzo de la anterior legislatura, el bisoño Gobierno de Aznar, necesitado de los votos nacionalistas a fin de completar su mayoría en el Congreso, recurrió a los globos sonda como procedimiento para medir la reacción de sus socios parlamentarios y comprobar la situación meteorológico-política de la opinión pública; si las medidas oficiosamente filtradas provocaban excesivo rechazo (al estilo del medicamentazo), los desmentidos oficiales permitían al PP replegarse a tiempo sin perder la cara. Desde que los populares disponen de una desahogada mayoría absoluta, el presidente del Gobierno ha cambiado el tenderete de venta de melones a cala y a prueba por el patio del colegio para jugar a la gallina ciega: mientras la invidente oposición se apresura a criticar las leyes y medidas anunciadas de manera imprecisa y confusa por el ministro de turno, el Gobierno se burla de sus errores.

Tras el ensayo general con todo de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada por la mayoría parlamentaria del PP con alevosía y nocturnidad durante el verano, el Gobierno ha resuelto aplicar el juego de la gallina ciega a la educación secundaria (y tal vez también a la primaria). Las líneas generales del borrador de la Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE) siguen guardadas bajo siete llaves en algún sepulcro del Ministerio de Educación, caso de que hayan sido escritas. Sin embargo, las ruidosas anticipaciones divulgadas la pasada semana por la ministra y la secretaria general del departamento y por el ministro portavoz hicieron caer inocentemente a la oposición en la trampa de construir con esos débiles mimbres rotundas o pintorescas descalificaciones de un texto inexistente o al menos desconocido. La consejera de Educación del Gobierno vasco llegó al extremo de utilizar la delicada expresión terrorismo institucional para expresar su descontento: una descripción que resultaría cómica si no fuese tan dramática la situación del País Vasco.

El primer conejo sacado de la chistera ministerial fue la futura Prueba General de Bachillerato (PGB), que desempeñaría el papel de filtro para el ingreso a la Universidad después de la supresión por la LOU de la selectividad. La inconcreción de la noticia respecto a los procedimientos, los tribunales y los programas de la resucitada reválida hace ocioso cualquier pronunciamiento -a favor o en contra- de la iniciativa: los portavoces del PSOE, sin embargo, picaron el anzuelo en medio del justificado alborozo de los medios de comunicación al servicio del PP. La tesis socialista según la cual la implantación de la PGB significaría el regreso a la noche oscura del franquismo es simplemente una tontería; gusten o no los objetivos extrapedagógicos incluidos en la agenda oculta de la LOCE, la reválida concebida como examen de ámbito estatal únicamente se propone asegurar un adecuado nivel de la enseñanza del castellano y de la historia y la geografía de España en las comunidades bilingües.

El juego de la gallina ciega puesto en práctica por el Gobierno, a través de las filtraciones parciales e interesadas de su fantasmal borrador, dificulta el debate informado, razonado y sereno que la LOCE exige. La encrucijada de itinerarios -hacia el bachillerato, la formación profesional, la inserción laboral y la garantía social- afrontada por los estudiantes de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) o las dificultades creadas por la promoción automática no son cuestiones que se pueden despachar a la ligera. Los porcentajes de fracaso escolar y las antologías de faltas de ortografía o contestaciones disparatadas de los alumnos en los exámenes son presentados al tribunal de la opinión como pruebas irrefutables del acta de acusación contra la normativa socialista. Pero el simplista enfoque monocausal que hace recaer sobre la legislación del PSOE todos los males del sistema educativo, derivados de una compleja constelación de factores, es casi tan frívolo como la tentativa de atribuir a la futura LOCE una capacidad milagrera digna de la purga de Benito. La eventual aplicación al estado de la educación en España de la humorística Ley de Murphy ('si algo puede salir mal, saldrá mal') serviría para recordar al Gobierno que una situación nunca es tan mala como para que no puedan empeorarla considerablemente quienes tratan de arreglarla.