Los ecologistas avisan a las constructoras de que encauzar los barrancos de L'Albufera es ilegal

La plataforma ciudadana Un barranc viu, sense formigó, contraria al proyecto del Ministerio de Medio Ambiente de encauzar los barrancos del Poyo, Torrent, Chiva y Pozalet, que desagüan en el parque de L'Albufera, ha exigido al departamento que dirige el ministro Jaume Matas que paralice el concurso de las obras, ahora en fase de licitación. Pero también han acometido otra vía para frenar el proyecto: se han dirigido a las más importantes constructoras nacionales e internacionales que posiblemente opten al concurso avisándoles que las obras incumplen la ley.

El encauzamiento de los barrancos que desembocan en L'Albufera, que supone encauzar con obra dura de hormigón más de 40 kilómetros de cauces normalmente secos, desde Loriguilla hasta Catarroja, es una vieja reivindicación que reclaman los municipios afectados desde hace más de 20 años y que el Consell reclama con insistencia al Gobierno central. Achacan todos ellos a estos barrancos las graves inundaciones que eventualmente asolan sus cascos urbanos. Sin embargo, tanto los ecologistas como los ciudadanos de la plataforma Un Barranc Viu, Sense Formigó creen que es precisamente la invasión que han hecho los municipios de los cauces, la reducción de su capacidad de evacuación de agua tras la ocupación con viviendas y fábricas y la modificación de las motas de los barrancos con infraestructuras las que provocan las inundaciones.

Y lejos de querer el encauzamiento exigen que se paralice el proyecto porque creen que una obra dura de encajonamiento del cauce, que elimine la vegetación, acelerará la velocidad del agua, 'en un comportamiento incompatible con la conservación de los hábitats y especies protegidas dado el oleaje y régimen de aguas que impondrá'.

Por eso han decidido advertir a las grandes empresas constructoras de que acometer el proyecto incumpliría varias leyes y podría incurrir en un delito ambiental. Tras modificar el proyecto en la desembocadura en el parque (en principio la obra dura encauzaba también varios kilómetros dentro del parque, hasta la desembocadura en el lago), el ministerio licitó recientemente la Fase I del proyecto, desde Paiporta hasta el parque.

21 millones de euros

Las obras costarán más de 21 millones de euros (3.550 millones de pesetas), con un plazo de ejecución de 18 meses. Y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 28 de febrero. Pero la plataforma les avisa que actualmente hay dos denuncias sobre el caso que se están tramitando en la Unión Europea. Por eso, les informan que no sólo podrían perder mucho dinero si finalmente se paraliza el encauzamiento. Y lo que es peor, se arriesgan a las repercusiones que tendría que al final se declararan ilegales las obras acometidas.

La plataforma fundamenta sus argumentos esencialmente en la protección del medio ambiente, ya que indica que el proyecto afectará al lago y a la adecuada recarga de acuiferos, lo que atentará contra la diversidad biológica. Pero también argumenta que 'en muchos tramos se disminuirá la capacidad de desagüe natural', lo que supondría 'una grave situación de riesgo para su población'.